Veterinarios atados, animales en peligro

El Gobierno de los despropósitos lo ha vuelto a hacer. No satisfechos con asfixiar a los autónomos, hundir la economía y destrozar la educación, ahora han decidido cargar contra nuestras mascotas con una ley que es un insulto a la inteligencia y un peligro para la vida animal. Bajo la careta del «animalismo progresista», han parido el Real Decreto de la ignominia, una norma que, lejos de proteger a los animales, los condena al sufrimiento y a la muerte. Lo han disfrazado con un discurso de bienestar, pero la realidad es que han diseñado un laberinto burocrático que convierte la atención veterinaria en una auténtica pesadilla.

Esta ley no es más que una trampa que ata de pies y manos a los veterinarios y convierte a los dueños de mascotas en rehenes de la incompetencia gubernamental. A partir de ahora, un veterinario que ose dispensar un medicamento en su propia clínica se expone a sanciones de hasta 90.000 euros. ¡Noventa mil euros por salvar la vida de un animal! Mientras tanto, los delincuentes de verdad disfrutan de condenas ridículas y beneficios penitenciarios. Esto no es protección animal, es sadismo administrativo. Castigan a quienes salvan vidas y protegen a quienes destruyen el tejido social con leyes laxas y beneficios judiciales.

Pero el esperpento no acaba ahí. Ahora cada prescripción de antibióticos debe ser comunicada a una plataforma estatal, obligando a los veterinarios a perder un tiempo valiosísimo en trámites absurdos en lugar de salvar vidas. Y lo peor: han impuesto los cultivos previos a la administración de antibióticos, un requisito que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Un animal en estado crítico no puede esperar días a que lleguen los resultados de un laboratorio, pero el Gobierno ha decidido que la burocracia es más importante que la urgencia médica. Por si esto fuera poco, han limitado la capacidad de los veterinarios para recetar medicamentos, reduciendo la lista de fármacos disponibles y sin garantizar que estos estén en las farmacias. Con una industria farmacéutica veterinaria que no está preparada para abastecer a todas las farmacias con las marcas concretas exigidas por ley, el acceso a los medicamentos se vuelve no solo complicado, sino directamente imposible. No es una ley de protección animal, es una condena a muerte.

El caso de la perra fallecida en Galicia porque no se le pudo administrar un antibiótico sin un cultivo previo es la prueba irrefutable de la insensatez de este Gobierno. Una ley que impide actuar con rapidez en una emergencia no es una ley, es una sentencia de muerte. Los mismos que se autoproclaman defensores de los animales los dejan morir entre trámites y formularios. Y no es un caso aislado: ya hay decenas de veterinarios que han tenido que dejar a animales sin tratamiento inmediato por miedo a sanciones desproporcionadas. ¿Este es el progreso que prometían? ¿Esta es la protección animal que tanto predicaban?

Y lo peor es la hipocresía. Los mismos que ahora meten la mano en la medicina veterinaria son los que se presentan como los grandes abanderados del animalismo, los mismos que atacan la tauromaquia con una vehemencia casi religiosa mientras permiten que nuestros animales domésticos mueran por culpa de una burocracia absurda. Son los de siempre: los que se apropian de causas nobles para convertirlas en herramientas políticas, los que disfrazan su incompetencia con sentimentalismo barato. Presumen de proteger a los animales, pero lo único que han hecho es atraparlos en un laberinto de papeleo, regulaciones absurdas y sanciones desmedidas. Mientras nuestras mascotas sufren por su incompetencia, ellos siguen repitiendo eslóganes vacíos y discursos moralistas.

La actitud condescendiente del Gobierno es insultante. Se presentan como salvadores de los animales cuando, en realidad, lo único que han hecho es poner en peligro su bienestar. Es la misma izquierda de siempre: mucho sermón moralista y cero soluciones reales. Nos dicen que debemos proteger a los animales, pero lo que han hecho es encadenarlos a un sistema ineficaz y cruel. Nos dicen que los veterinarios deben seguir «protocolos», pero esos mismos protocolos los llevan a un callejón sin salida donde cada segundo cuenta y la burocracia pesa más que la vida. Mientras los veterinarios luchan por salvar vidas con las manos atadas, los burócratas de despacho se dedican a poner obstáculos, redactar leyes desde la ignorancia y crear problemas donde antes no los había.

Pero esta vez, el Gobierno ha subestimado la fuerza de un sector que, aunque muchas veces invisible, es fundamental: los veterinarios. Profesionales que, día a día, salvan vidas y lidian con la angustia de quienes ven sufrir a sus animales, a veces invisibilizados, a veces menospreciados. Son ellos quienes están haciendo la mejor crítica a esta ley absurda, quienes no han guardado silencio ante esta injusticia y quienes, con conocimiento real de la situación, están dejando en evidencia a este gobierno de burócratas que legislan desde el desconocimiento absoluto. Si pensaban que podían jugar con la salud de nuestras mascotas sin que nadie alzara la voz, han cometido un grave error. Esta vez no han tocado solo la libertad de los profesionales, han tocado a nuestras familias, a nuestros fieles compañeros de vida. Y eso, señores del Gobierno, no se lo vamos a perdonar. No se puede gobernar desde la soberbia ni desde la prepotencia de quienes jamás han pisado una clínica veterinaria ni han sentido la angustia de un animal enfermo.