Mucho ruido y poca fe

La aprobación del nuevo reglamento por parte de la diócesis de Córdoba ha actuado como un espejo incómodo. No tanto por su contenido —perfectible, como cualquier norma— sino por la reacción que ha provocado. O, mejor dicho, por quiénes han reaccionado y cómo lo han hecho.

En la capital, el ruido ha sido constante desde el primer día. Un murmullo persistente, casi calculado: dudas deslizadas en corrillos, críticas en voz baja, comentarios en foros donde se dice mucho sin firmar nada. Una estrategia que no es nueva, pero sí reveladora. Porque cuando una norma incomoda de verdad, lo coherente es dar un paso al frente, argumentar, debatir y, si procede, confrontar abiertamente. Lo demás es una suerte de resistencia pasiva que pretende influir sin asumir el coste de la exposición.

Frente a ese escenario, la provincia ha optado por algo muy distinto: el silencio. Ni una protesta organizada, ni una campaña soterrada, ni un «pero» que haya trascendido. ¿Conformismo? ¿Prudencia? ¿O, simplemente, una comprensión más clara de lo que son y representan las cofradías?

Conviene no perder de vista lo esencial. Las cofradías no son asociaciones culturales al uso ni plataformas de poder local. Son, ante todo, entidades religiosas. Y como tales, su marco de actuación no nace de la asamblea ni del consenso social, sino de la autoridad eclesiástica a la que se deben. Esto no elimina el derecho a la crítica, pero sí marca el terreno de juego: no todo vale, y no todo se discute en los mismos términos que en otros ámbitos.

Quizá ahí radique la diferencia entre capital y provincia. En muchos puntos de la provincia, la cofradía sigue siendo lo que nunca debió dejar de ser: una expresión de fe comunitaria, con su dimensión social, sí, pero subordinada a su razón espiritual. En la capital, en cambio, hay ocasiones en las que el peso de la tradición, la visibilidad pública y ciertas inercias de poder difuminan esa línea hasta hacerla casi invisible.

El nuevo reglamento puede gustar más o menos. Puede tener lagunas, exigir ajustes o generar incertidumbre en su aplicación. Todo eso es legítimo. Pero lo que resulta difícil de sostener es esta especie de oposición en diferido, donde se critica sin señalar y se cuestiona sin asumir responsabilidad.

Y en ese clima, además, convendría rebajar el tono. Las burradas, las exageraciones interesadas y la crítica destructiva no solo no aportan nada, sino que empobrecen el debate. Incluso cuando para algunos esa dinámica se haya convertido casi en una forma de subsistencia o de protagonismo, el daño que generan es mayor que cualquier rédito personal que puedan obtener.

Si hay discrepancias de fondo, que se expongan con claridad. Si existen argumentos sólidos en contra, que se pongan encima de la mesa. Y si, como parece en gran parte de la provincia, se entiende que la norma entra dentro del ámbito legítimo de quien la ha promulgado, quizá lo que toque sea algo mucho más sencillo y, a la vez, más exigente: acatar, adaptarse y seguir caminando.

Porque al final, más allá de reglamentos y debates, la pregunta es incómoda pero inevitable: ¿a quién sirven realmente las cofradías? La respuesta debería ser tan clara como las normas que ahora algunos cuestionan.