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19 de junio de 2024

Carmen Fernández de la Cigoña es directora del Instituto CEU de Estudios de la Familia y miembro de NEOS

Carmen Fernández de la Cigoña es directora del Instituto CEU de Estudios de la Familia y miembro de NEOSCarmina Martínez

`Ideología de género desde una óptica crítica´

Carmen Fernández de la Cigoña: «La ley de familias está impregnada de ideología de género»

La directora del Instituto de la Familia CEU lamenta la «imposición continua y generalizada» de la perspectiva LGTBI

La directora del Instituto de la Familia CEU, Carmen Fernández de la Cigoña, ha criticado la ley de familias, cuyo anteproyecto aprobó la mañana de este martes el Consejo de Ministros en primera lectura. «Es una ley impregnada de los principios de la ideología de género, y supone un claro retroceso de por qué la familia como institución ha sido protegida por el derecho», dijo Fernández de la Cigoña.

La también secretaria general de la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP) consideró que la nueva legislación se suma a un esfuerzo general para «hacer desaparecer» a la institución familiar, y lamentó que en la nueva ley –que distingue entre 16 tipos de familias, incluyendo adjetivos como joven, transnacional o intercultural– «el conjunto familiar puede ser cualquier cosa».

Una «imposición continua»

Fernández de la Cigoña realizaba estas declaraciones en el marco de una charla titulada Ideología de género desde una óptica crítica, organizada por el Instituto de Estudios de la Democracia CEU. La ponente describió durante su intervención la ideología de género como la «imposición continua y generalizada de una nueva dogmática dentro de la corrección política».

La profesora incidió en que esta perspectiva de género «lo abarca todo, impone todo y cancela –mata civilmente– a todo aquello que no concuerde con ella». En esta línea, Fernández de la Cigoña insistió en que estamos viendo «una motorización legislativa que produce un efecto social de incrustación de esta perspectiva en todos los ámbitos», y puso como ejemplo las diversas legislaciones autonómicas LGTBI o la ley trans.

La ponente también criticó que estas normas suponen «una inversión de la carga de la prueba», en la que es el acusado –y no el denunciante– quien tiene que probar su inocencia. «Es un retroceso brutal», señaló, y puso ejemplos como la legislación de protección de la infancia– «se quiere proteger a los niños de los padres, ¡no vaya a ser que se opongan a la voluntad de un niño de ocho años!», ironizó– o la reserva de plazas públicas para miembros del colectivo LGTBI.

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