Se cumple un año y medio desde que la Ley de Familias quedase estancada en el Congreso

La ley de Familias, aprobada por el Consejo de Ministros en febrero de 2024, cumple esta semana un año y medio paralizada en el Congreso con más de 50 prórrogas del plazo de enmiendas y sin fecha para su primera discusión, y todo ello pese que el Gobierno la tramitara por el procedimiento de urgencia.

El proyecto se aprobó en el Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, pero la redacción original se preparó en el despacho de la antecesora de Pablo Bustinduy, Ione Belarra, informa Europa Press.

La Ley de Familias reconoce la diversidad de las diferentes situaciones familiares y busca mejorar la protección social de las mismas. En concreto, tiene tres objetivos: reconocer jurídicamente y tratar de equiparar la diversidad familiar al marco legal, mejorar la protección social que perciben todos los supuestos de familias en España y la equiparación jurídica de las familias.

Reconocimiento de todas las familias

La norma reconoce jurídicamente a todos los supuestos de familias: las monoparentales, las adoptivas, las familias LGTBI y las que cuentan entre sus miembros a personas con discapacidad (hijo con al menos 33% de discapacidad y los hogares con dos hijos encabezados por una víctima de violencia de género).

Así, con esta norma, según precisaron fuentes del ministerio, no se contemplan nuevos supuestos con derecho a la renta de crianza de 100 euros al mes, sino una mejora técnica para actualizar la terminología de los casos de acogimiento familiar y guarda para adecuarla a la que se establece en el Código Civil.

En caso de separaciones o divorcios con custodia compartida el título de familia numerosa lo podrán ostentar ambos progenitores, para acogerse ambos a los beneficios por familia numerosa.

«En definitiva, es una ley que va a afianzar una red de protección y apoyo a las familias y a la crianza, que dará cumplimiento al mandato del artículo 39 de la Constitución, y que yo creo que sirve no solo para profundizar en la igualdad y la justicia social, sino también en la libertad, la libertad de cada cual para poder desarrollar plenamente sus elecciones y sus proyectos vitales», destacó Bustinduy en su presentación el año pasado.

Prioridad a familias monoparentales

Estos hogares tendrán prioridad en la elección de colegios, a la hora de acceder a una vivienda protegida, entre otras situaciones. Asimismo, las familias con una sola persona progenitora tendrán acceso a 16 semanas de educación infantil de forma gratuita dentro de los veinticuatro meses a contar desde el nacimiento.

En cuanto a las parejas de hecho, se creará un registro estatal y tendrán los mismos derechos que un matrimonio. En este caso, recibirán pensión de viudedad y quedan recogidas en el acceso al Fondo de Garantía de Pago de Alimentos para los hijos e hijas a cargo en caso de disolución de la pareja.

Disposiciones y controversias

Respecto a la estructura de la ley, fuentes del departamento aseguran que cuenta con cinco partes: la primera, incluye principios y valores; la segunda, la protección general a todas las familias; la tercera, disposiciones específicas de las diferentes realidades familiares; la cuarta, cómo se va a organizar la cooperación para que se puedan llevar a cabo las medidas; y, la quinta, los cambios normativos.

Por parte de la oposición, al PP no le ha convencido nunca la norma presentada por Bustinduy, ya que consideran que invade competencias autonómicas. En este sentido, los 'populares', en octubre del año pasado, registraron su proposición de ley sobre conciliación.

Por su parte y, bajo el lema 'Prohibido jugar a la pelota en el Congreso', las familias monomarentales reclamaron a los políticos que dejasen «de pasarse la pelota» unos a otros y aprobasen «un marco protector» para ellas.

Más aún, diferentes asociaciones de familias han pedido a lo largo de este tiempo que se apruebe la ley. Es el caso de la Federación de Asociaciones de Madres Solteras (FAMS), que lanzó en mayo una campaña en la que denunciaban «abandono institucional».