La exvicepresidenta del Parlamento Europeo Eva Kaili, implicada en el Qatargate
La solución del Parlamento Europeo para evitar otro Qatargate
La respuesta ha sido complicar los procedimientos para que haya más puertas por las que pasar y haya más opciones de que salten las alarmas
Hay pocos escándalos que hayan alterado tanto la tranquilidad de Bruselas como el Qatargate. Pocos son los que miran hacia la capital de Europa pese a que en sus calles se tomen las decisiones más importantes del continente. Sin embargo, cuando se pronuncia la palabra Qatargate, el foco está claro, por lo que las instituciones europeas son conscientes de que se tienen que quitar pronto el sambenito de la corrupción.
Hay elecciones a la vuelta de la esquina. En el mes de junio se celebrarán los comicios en los 27 Estados miembros y en el Parlamento saben de sobra que no se puede acudir a las urnas bajo sospechas de corrupción. El Qatargate ya no se puede evitar pero sí se pueden poner medidas para intentar que no se repita. En palabras de la presidenta de la Eurocámara Roberta Metsola, «júzguennos por lo que hemos hecho y no por lo que no hicimos».
Tras la detención de Eva Kaili, por entonces vicepresidenta del Parlamento Europeo, la primera decisión fue cerrar filas y negar las evidencias, pero pronto se cambió de estrategia. A ello ayudó también que la investigación pusiera el foco en más eurodiputados, como Marc Tarabella y Andrea Cozzolino, además del que fuera miembro del Parlamento Pier Antonio Panzeri. Ya no se podía mirar hacia otro lado.
Se pasó del silencio a un clamor masivo que reclamaba una limpieza profunda del Parlamento Europeo, lejos de las normas laxas de ética y transparencia con las que se había vivido hasta ahora.
Desde entonces han pasado nueve meses y la realidad es que ha cambiado muy poco todo. Es cierto que los procesos se han complicado, pero los resultados no son precisamente para presumir y evidencia de ello es que la propia Eva Kaili pudo votar sobre el Qatargate en el último pleno en Estrasburgo. La intención es buena, pero las reformas que se han llevado a cabo carecen del impacto político suficiente como para hacerle frente a un escándalo al que los partidos euroescépticos están sacando rentabilidad.
El Parlamento rechazó desarrollar su propia investigación sobre la trama y tampoco obligó a los europarlamentarios a declarar sus bienes. Optó por cambios más pequeños, lejos de los titulares, que se resumen en explotar al máximo la enrevesada burocracia belga: donde antes un procedimiento requería dos papeles, ahora necesita tres para llevarlo a cabo. De esa manera, complicando los procesos, hay más puertas por las que pasar y consideran que hay más posibilidades de que salten las alarmas.
Investigación en curso
Mientras el Parlamento Europeo se defiende cargando de papeleo a los funcionarios, las autoridades belgas continúan con su investigación sobre lo ocurrido. La última eurodiputada salpicada por la trama ha sido la belga Maria Arena, cuyo domicilio fue registrado el pasado mes de julio y durante el cual se hallaron 280.000 euros en metálico en casa de su hijo.
Arena no es la primera socialista que se ve afectada por el escándalo de corrupción. El propio partido reconoció este verano que habían sido muy laxos con el tema después de que se vieran involucrados algunos de sus miembros.
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