El presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev (Iz), el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel (C) y el primer ministro de Armenia Pashinyan
Tibieza y equidistancia, así se posiciona la Asamblea del Consejo de Europa ante la ofensiva militar de Azerbaiyán en Karabaj
La resolución de la Asamblea Parlamentaria del Consejo proyecta incluso parte de la culpa de la ofensiva militar hacia Armenia al recordar la muerte «de civiles azeríes»
La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa -integrada por representantes de los Parlamentos de los Estados miembros- optó el pasado jueves una resolución más bien tímida en relación con el conflicto en el Alto Karabaj.
En el inicio de un texto cuyo ponente ha sido el diputado socialdemócrata croata Domagoj Hajdukovic, la Asamblea «condena enérgicamente la operación militar lanzada por el ejército azerí en Nagorno-Karabaj el 19 de septiembre de 2023» y recuerda el compromiso de Azerbaiyán en relación «con la resolución pacífica del conflicto de Nagorno-Karabaj».
A continuación, el órgano parlamentario del Consejo de Europa -cuyo fin primordial es la protección de los derechos humanos- «reconoce la integridad territorial de Azerbaiyán». Subraya que ello implica la responsabilidad del país por las acciones emprendidas dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas.
La «condena enérgica» es la expresión más severa de una resolución que también constata, en términos equidistantes, «que tras un período de diez meses durante el cual se negó a la población armenia de la región el acceso libre y seguro a través del corredor de Lachín, que es su única ruta hacia Armenia y el resto del mundo».
«Esto», prosigue la resolución 2517 de 2023, «ha provocado una gravísima escasez de alimentos y dificultades de abastecimiento, y ha dejado a toda la población en una situación de extrema vulnerabilidad. Esta operación se puso en marcha haciendo claro caso omiso de las medidas provisionales y cautelares dirigidas a Azerbaiyán por el Tribunal Internacional de Justicia y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cuyas decisiones también señalaban la obligación de Azerbaiyán, en virtud de la Declaración Trilateral de 2020, de garantizar la seguridad de las personas, los vehículos y las mercancías a lo largo del corredor de Lachín en ambas direcciones».
La Asamblea proyecta incluso parte de la culpa hacia Armenia al recordar que la muerte «de civiles azeríes y de policías en la explosión de una mina fue un factor determinante en la escalada de la situación», y que, eso sí, «Azerbaiyán tomó la decisión de lanzar esta demostración de fuerza». Mas esta evidencia viene inmediatamente seguida de otra demostración de equidistancia: «De hecho, la sucesión de varios acontecimientos en tan corto espacio de tiempo, y en particular la grave escasez de alimentos y las graves dificultades de abastecimiento experimentadas por la población durante varios meses, seguidas de una operación militar y la apertura del corredor hacia Armenia para las salidas, podrían considerarse un escenario ideado para incitar a la población civil a abandonar el país».
El resto es un compendio de palabras neutrales: la Asamblea «tiene la firme convicción» de que «el conflicto solo puede resolverse por la vía pacífica» y se dirige al país agresor, Azerbaiyán -sin perjuicio de los errores políticos que haya podido cometer Armenia-, en términos suaves.
Por ejemplo, al recordarle sus «obligaciones positivas» de garantizar «la protección de todas las personas que viven en su territorio soberano y están sujetas a su jurisdicción, incluida la población armenia de esta región», obligaciones «consagradas en los tratados internacionales de derechos humanos de los que Azerbaiyán es parte, en particular el Convenio Europeo de Derechos Humanos».
O cuando «subraya» la obligación que incumbe al país que preside Ilham Aliev de «llevar a cabo una investigación exhaustiva, transparente, independiente y efectiva sobre las muertes, desapariciones y denuncias de malos tratos ocurridos durante y después de su reciente operación militar».
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