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27 de julio de 2024

E presidente de Nicaragua, Daniel Ortega

Daniel Ortega, dictador nicaragüenseEFE

La dictadura de Ortega impide el regreso a Nicaragua de un sacerdote que participó en un viaje pastoral en EE.UU.

La Iglesia católica nicaragüense sufre un serie de acciones en contra de sus sacerdotes: expulsión, encarcelamiento y la prohibición de actos religiosos

El régimen de Daniel Ortega prohibió la entrada del sacerdote nicaragüense Jairo Antonio Mercado Pavón, que regresaba al país tras participar en un viaje pastoral por Estados Unidos, denunció este miércoles la abogada e investigadora nicaragüense exiliada Martha Patricia Molina.

Mercado Pavón estaba asignado a la parroquia Santa Teresita del Niño Jesús de la comunidad La Virgen, departamento de Rivas, en el Pacífico sur de Nicaragua, y antes estuvo a cargo de la parroquia Medalla Milagrosa en la ciudad de Camoapa, en el centro del país centroamericano.

Ambas parroquias pertenecen a la diócesis nicaragüense de Granada, que dirige el obispo Jorge Solórzano, que no se ha referido a este caso.

Según Molina, autora del estudio titulado 'Nicaragua: ¿Una Iglesia perseguida?', las autoridades nicaragüenses no brindaron ninguna explicación al sacerdote para negarle, por medio de la línea aérea, su ingreso al país.

Al menos 19 religiosos nicaragüenses, entre ellos el obispo encarcelado Rolando Álvarez y el obispo exiliado Silvio Báez, han sido declarados traidores a la patria y despojados de su nacionalidad por las autoridades del régimen sandinista, según el estudio publicado por Molina.

Los religiosos privados de nacionalidad (2 obispos, 14 sacerdotes, 1 diácono y 2 seminaristas) son muestra de los 667 ataques que ha sufrido la Iglesia católica de Nicaragua por parte de la dictadura de Ortega y su mujer Rosario Murillo.

Esos ataques, ocurridos entre abril de 2018, cuando estallaron unas manifestaciones antigubernamentales en el país, y agosto de 2023, incluyen el arresto del obispo Álvarez, condenado en febrero pasado a 26 años y 4 meses de prisión por delitos considerados traición a la patria, tras negarse a abandonar Nicaragua.

Según esa investigación, «151 religiosos han sido perjudicados por la persecución de la administración pública» de Ortega y su mujer y también vicepresidenta del país, a través del exilio forzado, destierros, prohibición de entrar a Nicaragua o expulsiones del país.

Entre ellos mencionó el caso del nuncio apostólico en Nicaragua, monseñor Waldemar Stanislaw Sommertag, quien fue expulsado por el gobierno sandinista en marzo del año pasado, y el del obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, quien abandonó el país en 2019 por razones de seguridad y a petición del papa Francisco.

Las relaciones de régimen de Ortega y la Iglesia católica viven momentos de gran tensión, marcadas por la expulsión y encarcelamiento de sacerdotes, la prohibición de actividades religiosas y la suspensión de relaciones diplomáticas con El Vaticano.

El papa tildó de «dictadura grosera» al gobierno nicaragüense en una entrevista con Infobae, señalando «un desequilibrio de la persona que dirige» el país centroamericano.

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