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Palestinos transportan sus pertenencias en el campo de refugiados de Bureij, en el centro de Gaza

Palestinos transportan sus pertenencias en el campo de refugiados de Bureij, en el centro de GazaAFP

¿Qué esconde el plan de Trump para Gaza?

Varios expertos analizan la legalidad de la propuesta del presidente de Estados Unidos para la Franja y si existen otros motivos por los que quiera hacerse con el «control» de este enclave

¿Fue el anuncio de Donald Trump sobre Gaza un farol o se trata de una amenaza real? Este martes, el presidente estadounidense volvía a asegurar que Estados Unidos tomará el control de la Franja e invitará a los palestinos a abandonar su tierra con el objetivo de convertir el terreno en «la Riviera de Oriente Medio». El proyecto, que algunos ya han bautizado como 'Gaza 2035', implicaría el traslado forzoso de los palestinos y su reubicación en países vecinos para poder «reconstruir» el enclave. En este punto, aunque en un principio Trump habló de reubicación «permanente», para suavizar el ambiente su secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que sería algo temporal, ya que «la gente va a tener que vivir en algún lugar mientras se reconstruye el territorio».

Pero, ante la sorpresa del anuncio, surge otra pregunta: ¿Es el plan legal?. «Atendiendo a las normas del derecho internacional, y además el derecho internacional consuetudinario, es un crimen contra la humanidad y en tiempos de guerra eso es un crimen de guerra», asegura María García Casas, experta en Derecho Internacional Público de la Universidad Autónoma de Madrid. «El traslado forzoso es de lo que también se acusa a Rusia de haber hecho con ciudadanos ucranianos, esos desplazamientos no son lícitos bajo el derecho internacional», apunta García.

En 1949, tras la Segunda Guerra Mundial, se establecieron en la comunidad internacional los Convenios de Ginebra con el objetivo, entre otras cosas, de delimitar un marco legal con el que evitar atrocidades contra la población civil durante los conflictos armados. Atendiendo a estos, el plan de Trump estaría prohibido por el convenio y tanto Estados Unidos como Israel ratificaron los acuerdos. Además, está el protocolo primario adicional del 77 que se aplica a los territorios bajo dominación colonial o de ocupación por la fuerza que es el caso de Palestina.

El conflicto palestino israelí ha sido un festival de ilegalidadesÁlvaro José Silva SotoExperto en Derecho Internacional y subdirector del Real Instituto de Estudios Europeos del CEU

En este sentido, José Antonio Perea Unceta, doctor en Derecho Internacional Público por la Universidad Complutense, señala que Israel habría violado desde hace años varias de sus normas –como el artículo 49– que prohíben, por ejemplo, «el traslado de la población civil de territorio ocupado» o «llevar población propia» a ese territorio. Además, si los desplazamientos forzosos están amparados por razones de seguridad, esas personas «tienen derecho a regresar a su territorio» y la fuerza colonizadora tiene la «obligación de respetar la propiedad privada de la población civil en territorio ocupado».

«El conflicto palestino israelí ha sido un festival de ilegalidades desde el momento en que se suscitó y todas las partes han llevado a cabo actos que podrían calificarse de ilegales», apunta Álvaro José Silva Soto, experto en Derecho Internacional y subdirector del Real Instituto de Estudios Europeos del CEU. Para Silva existe un resquicio legal por el que Donald Trump y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, pueden expulsar a la población de Gaza sin consecuencias. Pasaría por «un traslado voluntario, incentivado pero voluntario, que es lo que parece que se está planteando», aunque está la dificultad de que «muchos palestinos no querrán abandonar Gaza y en esa circunstancia es muy difícil imaginar cómo podría aplicarse el plan de Trump sin recurrir a la fuerza y de manera legal».

¿Existen mecanismos de respuesta?

Sin embargo, es prácticamente imposible una respuesta por parte de las instituciones que obliguen a ambos Estados a mantenerse en el marco de la legislación internacional. Según María García Casas, uno de los problemas se encuentra en «la propia arquitectura institucional en el ámbito del Derecho Internacional». La Corte Penal Internacional, creada a raíz del Estatuto de Roma de 1998, sería la institución permanente capaz de juzgar los crímenes más graves de trascendencia internacional, sin embargo, ni Estados Unidos ni Israel son Estados firmantes del tratado. De hecho, Trump acaba de firmar una orden ejecutiva con el objetivo de posibilitar sanciones contra miembros de la Corte por las decisiones –como la orden de arresto contra Netanyahu por crímenes de guerra y de lesa humanidad en Gaza– adoptadas contra ambos países.

«Ambos han decidido no estar sometidos a estos procedimientos, forma parte de los que son los atributos de la soberanía de los Estados (...) por muy triste que sea, no puedo decir que a día de hoy haya un mecanismo que esté ya institucionalizado para responder frente a la ilegalidad de los actos», señala la experta de la UAM al tiempo que remarca que «las normas existen pero lo que falta es un mecanismo de respuesta». En este sentido, Silva Soto también cree que «si Estados Unidos e Israel deciden apoderarse de la Franja de Gaza nadie podrá impedirlo físicamente».

A pesar de todo y aunque, tal y como apunta José Antonio Perea, la comunidad internacional no pueda evitarlo, sí podría «no reconocerlo». Los países «estarían obligados con sus actuaciones a no permitir que se mantenga en el tiempo». En el ejemplo de España, Perea señala que, en este sentido, si el objetivo como propone Trump es construir hoteles, el Gobierno español no podría colaborar, como tampoco «podrían las empresas españolas adoptar actuaciones de carácter privado que permitiesen mantener la ilegalidad».

¿Esconde algo la amenaza de Trump?

Entonces, si desde la perspectiva legal es prácticamente imposible de aplicar y la mayor parte de países consideran el plan de Trump para Gaza un órdago más que forma parte de sus ansias expansionistas como son los casos de Groenlandia, Canadá o el Canal de Panamá, ¿Qué busca realmente la persona más poderosa del mundo? «A Trump le encanta jugar el papel de maestro negociador», responde Fathi Nimer, investigador del think tank palestino Al-Shabaka. Para Nimer, el presidente estadounidense quiere demostrar sus habilidades para hacer «tratos» y «resolver todo». Sin embargo, habría algo más y señala que Trump considera la seguridad de Israel como «una forma de extender su poder en la región».

El experto en política palestina recuerda que, durante su primer mandato, Trump ya otorgó grandes concesiones a Netanyahu, al reconocer la soberanía israelí sobre los Altos del Golán –ilegal desde la perspectiva legal– y trasladar la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén. Este último plan del estadounidense puede tratarse, por tanto, de una estrategia para ofrecer a Arabia Saudí la coartada perfecta para que establezca relaciones con el Estado judío sin que parezca que está traicionando a la causa palestina. «La narrativa se convierte en que Riad renuncia a su condición previa de un Estado palestino y acepta la normalización para evitar una limpieza étnica en Gaza», explica Nimer.

Millones de refugiados palestinos en Egipto o Jordania causarían grandes dificultades a estos regímenesFathi NimerInvestigador del think tank palestino Al-Shabaka

Arabia Saudí salvaría su pellejo y Trump pondría la guinda en el pastel de Oriente Medio sumando a la potencia suní de la región a los Acuerdos de Abraham, que ya firmaron en 2020 otras naciones árabes como Emiratos Árabes Unidos (EAU), Bahréin, Sudán o Marruecos. Silva Soto coincide en que, si el republicano se hace con el control de Gaza, difícilmente Riad acepte entablar relaciones con el país hebreo. «Lo que probablemente evitará la implementación del plan son las tremendas repercusiones que tendría para las relaciones diplomáticas de Estados Unidos e Israel con el mundo árabe», asegura el experto del CEU. Silva Soto sostiene que el objetivo real puede ser «abrir una discusión sobre el futuro de Gaza y forzar la implicación de los vecinos de Israel en la solución».

Los principales perjudicados por la propuesta, Egipto y Jordania, ya han manifestado su completo rechazo a que los palestinos sean desplazados de sus hogares. Tanto El Cairo como Amán analizan el desplazamiento masivo de gazatíes desde una perspectiva de seguridad nacional. «Millones de refugiados palestinos en cualquiera de los dos países causarían grandes dificultades a estos regímenes y amenazarían su estabilidad. Egipto amenaza incluso con replantearse su tratado de paz con Israel en caso de hacerlo, y estoy seguro de que Jordania opina lo mismo», aclara Nimer.

Sin embargo, Perea Unceta abre una pequeña ventana a que el reino hachemita acepte a refugiados palestinos a cambio de que Estados Unidos le ofrezca más apoyo económico. «¿Pero realmente qué gana Washington gastándose el dinero en Jordania para que acoja a palestinos?», reflexiona y señala al mismo tiempo que lo que podría estar intentado es «evitar grupos terroristas financiados por Irán».

Debilitar y forzar al régimen de los ayatolás a negociar un pacto nuclear que se adapte a las exigencias de Trump podría ser otro de los motivos ocultos del plan. La República Islámica se encuentra en su momento más bajo tras la caída del régimen de Bashar al Asad en Siria, Hezbolá en el Líbano, y Hamás en Gaza. La diatriba de Trump sería el último clavo en el ataúd de la influencia iraní en la región, donde únicamente le quedan los hutíes en Yemen. Aunque el experto en política palestina advierte de que asfixiar a Teherán «no es tan fácil como solía ser». «Rusia y China, entre otros, ofrecen alternativas económicas, de modo que, incluso después de las sanciones, Irán puede seguir teniendo acceso a socios comerciales y sistemas de pago», aclara.

Pero, por encima de todo, Nimer subraya que lo «más importante es que los palestinos sencillamente no quieren marcharse, y cualquier plan para obligarles a hacerlo sería muy difícil de conseguir». Tras 15 meses de guerra en la Franja y con el 69 % de su estructura destruida o dañada, la mayoría de la población –de 2,2 millones de habitantes– trata de sobrevivir sin lo más básico, ni agua ni comida ni electricidad. Desde el inicio del alto el fuego el pasado 19 de enero, más de 370.000 palestinos han emprendido el camino de vuelta al norte de la Franja, la zona más castigada por la campaña militar israelí. Muchos, tras ver el grado de destrucción han hecho el camino de vuelta al sur, pero, a pesar de todo, están decididos a quedarse y reconstruir sus hogares en Gaza.

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