Trump recurre al Supremo para revocar el TPS a inmigrantes venezolanos y alega que va contra el interés nacional

El Gobierno del presidente Donald Trump ha presentado un recurso de emergencia ante la Corte Suprema de Estados Unidos con el objetivo de poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) concedido a los ciudadanos venezolanos en el país. Esta figura, gestionada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), otorga un permiso de residencia y trabajo temporal a individuos procedentes de países que atraviesan situaciones de extrema inestabilidad, ya sea por desastres naturales, conflictos armados o crisis humanitarias.

La solicitud fue formalizada este jueves por los abogados del Ejecutivo, quienes piden al máximo tribunal que revoque la decisión de un juez federal en California que, en marzo, impidió la cancelación del TPS argumentando que su supresión causaría un perjuicio irreparable a decenas de miles de migrantes venezolanos y sus familias. El fallo judicial fue interpretado como una medida de protección ante una decisión que, según el magistrado, no había considerado suficientemente el impacto humano y social de la expulsión de personas integradas en la sociedad estadounidense.

La Administración Trump sostiene, en su recurso, que la permanencia del TPS para Venezuela contradice lo que califica como el «interés nacional» de Estados Unidos. Además, cuestiona que el poder judicial intervenga en una materia que considera de competencia exclusiva del Ejecutivo, especialmente cuando se trata de medidas urgentes en política migratoria.

Cabe recordar que, apenas semanas después de asumir el poder, Trump ordenó el fin del TPS para los venezolanos. La entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, respaldó la decisión con declaraciones polémicas, en las que tildó a los beneficiarios del programa como «indeseables» y los vinculó con actividades delictivas, una postura que generó un profundo rechazo entre organizaciones de derechos humanos y representantes de la comunidad migrante.

El cambio de postura resulta aún más llamativo si se tiene en cuenta que, durante su primera etapa en la Casa Blanca (2017-2021), Trump y varios legisladores republicanos —entre ellos Marco Rubio, actual secretario de Estado— se mostraron favorables a ofrecer protección migratoria a los venezolanos, al tiempo que impulsaban sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro. Esta política de respaldo a la causa venezolana fue una bandera del ala conservadora en la lucha contra el chavismo.

Sin embargo, en los últimos años, el discurso ha virado hacia la criminalización. El entorno de Trump ha llegado a vincular a algunos migrantes venezolanos con redes criminales como el Tren de Aragua, una organización transnacional señalada por diversos delitos en América Latina. Esta narrativa ha generado tensiones dentro del propio Partido Republicano, donde persisten voces que continúan defendiendo el TPS como una medida necesaria ante la crisis económica, política y humanitaria que afecta a Venezuela.

Durante la administración de Joe Biden, el TPS fue extendido y reafirmado como una herramienta de respuesta humanitaria. El entonces secretario del DHS argumentó que la situación en Venezuela sigue siendo insostenible para el retorno de sus ciudadanos, una postura compartida por gran parte de la comunidad internacional y por organizaciones de derechos humanos.