Nicolás Maduro y Boris Johnson
Una filtración apunta a Boris Johnson en el centro de un pago de casi 300.000 euros vinculados a Maduro
Los archivos también recogen gestiones de Johnson con Arabia Saudí, donde habría promocionado los servicios de Better Earth, la consultora que copreside
Boris Johnson parecía haber dejado atrás su etapa política tras el escándalo del Partygate, pero los documentos revelados en los llamados Boris Files lo han devuelto al centro del debate británico. La filtración, publicada por The Guardian y obtenida a través de la organización estadounidense Distributed Denial of Secrets, incluye correos electrónicos, facturas y contratos que dibujan una frontera difusa entre el servicio público y los intereses privados del ex primer ministro. El episodio más llamativo gira en torno a su encuentro con Nicolás Maduro, en febrero de 2024, del que derivó, según los archivos, un pago de casi 300.000 euros canalizado a través de un socio financiero.
Johnson asistió a la reunión en Caracas acompañado de Maarten Petermann, gestor de fondos cuyo vehículo de inversión, Merlyn Advisors, había firmado semanas antes un contrato con él. Aunque el ex premier negó haber cobrado por la cita, los documentos muestran que poco después recibió 240.000 libras —unos 280.000 euros al cambio actual— a través de Petermann, lo que ha despertado sospechas de que utilizó su influencia política y diplomática para favorecer intereses financieros privados.
Los Boris Files no se limitan al episodio venezolano. También recogen gestiones de Johnson con Arabia Saudí, donde habría promocionado los servicios de Better Earth, la consultora que copreside y que se presenta como especializada en transición energética. En cartas dirigidas al príncipe heredero Mohammed bin Salman, Johnson evocaba tanto sus encuentros oficiales durante su etapa en Downing Street como su experiencia como anfitrión de la COP26 en Glasgow para situar a la firma en el radar saudí.
El comité asesor sobre nombramientos empresariales (Acoba), encargado de vigilar la conducta profesional de los ex ministros, ya ha confirmado que analiza los documentos y que, si encuentra pruebas de incumplimiento, abrirá una investigación formal. No sería la primera vez: Acoba ya había señalado a Johnson por vulnerar las restricciones que limitan el paso inmediato de altos cargos al sector privado.
El caso tiene otra derivada delicada: el uso del Public Duty Costs Allowance (PDCA), la asignación anual de hasta 115.000 libras con la que los ex primeros ministros pueden financiar los gastos de su oficina. Johnson ha reclamado 182.000 libras desde su salida, principalmente para pagar a tres empleados. Sin embargo, la filtración sugiere que esos trabajadores participaron también en actividades comerciales privadas, lo que plantea la posibilidad de un desvío de recursos públicos.
La reacción política no se ha hecho esperar. «Esto sugiere que Boris Johnson está dispuesto a incumplir los estándares éticos que todos asumimos como servidores públicos», afirmó Margaret Hodge, miembro laborista de la Cámara de los Lores, que reclama una investigación exhaustiva. Desde los Liberal Demócratas, Sarah Olney pidió suspender de inmediato la asignación del PDCA mientras duren las pesquisas, calificando las acusaciones de «extremadamente graves».
