Boluarte descarta buscar asilo tras su destitución y niega toda responsabilidad en los casos que la Fiscalía investiga

La expresidenta del Perú, Dina Boluarte, ha roto el silencio este viernes tras haber sido destituida de su cargo por el Congreso la noche anterior. En una breve declaración a los medios desde su vivienda en el distrito limeño de Surquillo, la exmandataria afirmó con firmeza que no tiene intención de abandonar el país ni de solicitar asilo político, y rechazó ser responsable de los delitos que le imputa la Fiscalía.

«Estoy en mi hogar, tranquila y con la conciencia en paz. No está en mi pensamiento ni en mi sentimiento patriótico dejar el país», ha expresado Boluarte, acompañada de su abogado Juan Carlos Portugal. La exgobernante explicó que regresó a su domicilio cerca de las tres de la madrugada y que, pese a los rumores difundidos por distintos medios, nunca consideró refugiarse en embajadas extranjeras, como las de Argentina, Brasil o Ecuador.

Rumores de asilo y protestas frente a embajadas

Las versiones sobre un posible asilo surgieron minutos después de conocerse su destitución, lo que incluso llevó a decenas de manifestantes a reunirse frente a la embajada de Ecuador en Lima para protestar y exigir que no se le permitiera el ingreso. No obstante, su defensa legal desmintió de inmediato cualquier plan de huida.

Mientras tanto, el Poder Judicial peruano anunció que el próximo miércoles evaluará una solicitud del Ministerio Público para imponerle a Boluarte un impedimento de salida del país por un plazo de hasta tres años, mientras avanzan las múltiples investigaciones en su contra. La Fiscalía, encabezada por el fiscal general Tomás Gálvez, ha presentado pedidos de restricción de 18 y 36 meses en tres de los al menos once casos abiertos que enfrenta la exmandataria.

Una larga lista de acusaciones

Entre las acusaciones más graves figuran presuntos delitos de corrupción, lavado de activos y violaciones a los derechos humanos. Se le atribuye una supuesta participación en la muerte de 49 personas durante las protestas sociales registradas entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, tras asumir la presidencia en reemplazo de Pedro Castillo, quien fue destituido luego de su intento de golpe de Estado.

Asimismo, la Fiscalía investiga si Boluarte recibió relojes Rolex, joyas no declaradas y otros regalos de alto valor, además de supuestas cirugías estéticas no informadas que la habrían dejado temporalmente incapacitada para ejercer el cargo. También se analiza la presunta falsificación de su firma en varios decretos emitidos durante ese periodo.

Caída política y desplome de popularidad

En el ámbito político, la destitución de Boluarte se produjo de manera exprés durante la madrugada del viernes, luego de perder el respaldo de los partidos de derecha que la mantenían en el poder. Su salida llega en un contexto de profunda crisis institucional y con una popularidad desplomada, pues apenas un 3 % de los peruanos aprobaba su gestión según las últimas encuestas.

Boluarte, la primera mujer en ocupar la presidencia del Perú, había sido elegida vicepresidenta en la fórmula de Pedro Castillo en 2021 bajo el partido Perú Libre. Sin embargo, su mandato se vio marcado por acusaciones de autoritarismo y una creciente desconfianza ciudadana.

A la espera de la decisión judicial sobre su libertad de movimiento, la exmandataria insiste en que permanecerá en territorio peruano y colaborará con las investigaciones. «No soy responsable de ninguno de los casos que se investigan, permaneceré en el país con la frente en alto», aseguró.

La crisis política en Lima vuelve así a un punto de máxima tensión, con un escenario incierto a menos de un año y medio de las elecciones generales previstas para abril de 2026, mientras la sociedad peruana sigue dividida entre la indignación popular y el desgaste institucional que ha caracterizado los últimos años.