La ley del 'sí es sí' a la italiana que le ha provocado un terremoto a Meloni y sus parecidos con la española

Este pasado miércoles, 26 de noviembre, tan solo un día después del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Parlamento italiano aprobó definitivamente la tipificación del delito de feminicidio con penas de cadena perpetua. Una victoria política para la mandataria del país, Giorgia Meloni, que había impulsado esa reforma y que consolidaba su poder en el país, reforzada por sus victorias en las elecciones regionales que se han celebrado en las últimas semanas.

Sin embargo, la primera ministra se ha encontrado con problemas inesperados que surgen desde dentro de su coalición, que han frenado en el Senado la reforma que introduce el consentimiento como eje central de los delitos sexuales. El texto, que recuerda inevitablemente a la ley española del 'solo sí es sí' –establece que cualquier acto sexual sin consentimiento explícito sea considerado violación, sin necesidad de probar violencia física o intimidación–, fue aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados gracias a un acuerdo entre Meloni y la líder del Partido Democrático, la opositora izquierdista Elly Schlein.

Sin embargo, el Senado ha aplazado la votación hasta 2026 tras la exigencia de nuevas revisiones por parte de la Liga de Matteo Salvini, uno de los socios de coalición de Meloni. Concretamente, Salvini exige cambios en los llamados «supuestos de menor gravedad», alegando inseguridad jurídica. Meloni, por su parte, ha intentado desvincularse del bloqueo alegando que se trata de una iniciativa parlamentaria, no gubernamental, y que la ley «debe hacerse bien, no deprisa».

Los paralelismos con España

En España, la ley del 'solo sí es sí' impulsada por Irene Montero eliminó la distinción entre abuso y agresión sexual, creando un caos jurídico que permitió a numerosos condenados salir de la cárcel. Sin embargo, si en Madrid se aprobó como una gran ley integral, en Roma quieren crear un marco legal por partes: primero feminicidio, luego consentimiento.

Es por eso que, en primera instancia, Meloni ya ha logrado introducir en el Código Penal el delito de feminicidio, castigado con cadena perpetua en sus casos más graves. La norma pasará a considerar como feminicidio el asesinato de una mujer motivado por odio, discriminación, abuso de poder, control, limitación de su libertad o vinculado a la negativa de mantener una relación afectiva. En los supuestos con atenuantes, las penas oscilan entre los 15 y los 24 años de prisión.

Hasta ahora, esos crímenes en Italia estaban castigados como agravantes, no como delito específico. Meloni ha presentado esta ley como una «señal de cohesión política» frente a la violencia contra las mujeres y una victoria de su Ejecutivo.

Más allá del calendario y del distinto contexto político, la comparación entre Italia y España también revela diferencias de fondo. Si bien es verdad que, en ambos casos, el consentimiento se sitúa como eje central de los delitos sexuales –la ausencia de un «sí» explícito convierte cualquier relación en violación–, la diferencia es que en España la reforma supuso un cambio integral del sistema penal en materia de violencia sexual –unificando delitos y modificando horquillas de penas–, mientras que en Italia el planteamiento es más limitado y no se revisa todo el catálogo de penas, sino únicamente la definición del delito.

Donde sí coinciden ambos países es en la resistencia de una parte del mundo jurídico y político, que advierte del riesgo de inseguridad jurídica y de una eventual inversión de la carga de la prueba. Un debate que ya se vivió en España y que ahora se reproduce, casi de forma mimética, en el Parlamento italiano. Lo que está por ver es el coste político que le supondrá a Meloni su enfrentamiento con Salvini.