El presidente de Portugal, António José Seguro
El presidente de Portugal reformará la ley para endurecer los requisitos para obtener la ciudadanía
La norma, que tuvo que ser alterada tras una revisión del Constitucional que identificó varias irregularidades, fue finalmente aprobada en el Parlamento
El mandatario portugués, António José Seguro, ha ratificado este domingo la reforma de la Ley de Nacionalidad impulsada por el Ejecutivo de centroderecha.
El cambio legislativo pretende endurecer los requisitos de obtención de la ciudadanía, una medida que el presidente aprobó pese a lamentar en su momento la falta de un consenso parlamentario más amplio. Asimismo, Seguro ha pedido que las nuevas normativas no se apliquen de forma retroactiva a los trámites que ya están en curso.
La nueva ley tuvo que ser modificada tras una revisión del Tribunal Constitucional que identificó «varias irregularidades», fue finalmente aprobada en el Parlamento el pasado 1 de abril con los votos del bloque de la derecha.
«A pesar de la mayoría parlamentaria que aprobó la legislación, el presidente reitera que la revisión de una ley de tan reforzado valor e importancia como la Ley de Nacionalidad debe basarse en un mayor consenso en torno a sus principios esenciales, distanciándose, como ya tuvo la oportunidad de mencionar, de 'cualquier signo ideológico del momento», argumentó Seguro.
Blindar la nueva ley
De esa manera, el mandatario añadió, que se evitaría que la norma «fuera objeto de sucesivas alteraciones», que irían «en detrimento de la seguridad jurídica y, por consiguiente, de las personas y del riesgo de afectar la indispensable credibilidad de las instituciones».
Por otro lado, el presidente de Portugal ha insistido en la importancia de que se garantice que los procesos pendientes no se vean afectados por esta revisión, ya que «constituiría una indeseable quiebra de confianza en el Estado, a nivel interno y externo»; y que se respeten los plazos fijados para las tramitaciones sin que les afecte «la lentitud» de la Administración.
Una de las principales alteraciones de esta ley será el aumento del plazo de residencia legal necesario para poder solicitar la nacionalidad, que pasa a ser de diez años para los extranjeros, a excepción de los que sean originarios de países de la Unión Europea y lusófonos, que necesitarán siete años.
