La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner y el presidente, Alberto Fernández
El Debate en América
Objetivo impunidad: volver al poder no salvó a los Fernández, los delató
En Argentina la independencia de los jueces se intenta cambiar mediante seducción, corrupción o a los garrotazos para lograr convertir en víctimas a los victimarios
Cada mañana dudo si recojo el diario tirado junto a la puerta. Antes de hojearlo adivino sus páginas impregnadas de malas noticias. Cada título nos muestra que han colapsado las estructuras institucionales de Argentina.
Las distintas funciones que tiene el Estado y que fueron la razón determinante para que constituyéramos «la unión nacional», como reza el Preámbulo de nuestra Constitución, se desdibujaron por desidia, ignorancia o complicidad de aquellos funcionarios que ocupan los lugares desde los que deberían asegurarnos educación, seguridad, salud y justicia.
Esos roles esenciales no merecen la atención de quienes lograron recobrar el poder con el solo y único objetivo de conseguir la impunidad de todos los que participaron en los múltiples delitos cometidos en su anterior mandato.
La impunidad de aquellos que vaciaron las arcas estatales no solo de activos, sino también de honestidad y eficiencia. Llenando los cargos públicos de militantes hasta que su insoportable peso quiebre la columna vertebral republicana. No estaban allí para cumplir con el rol que le da razón a su existencia, sino para tener el «músculo» politizado que defienda tanto desaguisado.
Nuestro sistema republicano de gobierno tiene su fundamento esencial en la división de poderes. En un sistema de controles y contrapesos recíprocos que debería garantizar que cada uno de ellos realice la tarea de conformidad con los límites constitucionales.
Jueces y justicia
De los tres poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, solo uno, el Judicial, no es elegido popularmente. Parece lógico, la independencia que debe tener el juez que resuelve los diferentes conflictos sociales, torna inconveniente que deba ganarse la simpatía popular.
La necesidad de capacitación técnica para ejercer la magistratura, exige que se los seleccione con parámetros distintos a aquellos con los que se eligen Diputados o presidente. Aunque es cierto que sería maravilloso que estos también tuvieran capacitación para sus cargos, pero eso es otro problema que excede nuestra propuesta de hoy.
La independencia de aquellos que deben investigar delitos, especialmente si son atribuidos a quienes ejercen los más altos cargos y son usufructuarios de un gran poder, resulta esencial para realizar la tarea, intentando llegar a un resultado que se parezca lo más posible a una conclusión justa.
Cuando quienes son los encargados de enviar los proyectos para futuras leyes, de sancionarlas y reglamentarlas, coinciden con las personas que se encuentran sometidos a los juicios más escandalosos, con la mayor cantidad de prueba objetiva acumulada, procesos que acreditan que son quienes integran la gran asociación ilícita que desgarró las entrañas de nuestras arcas, que trasladó lo que debió ser invertido en infraestructura de escuelas, hospitales, rutas, medicamentos o capacitación para el personal que debe cuidar nuestra seguridad, en dólares ocultos en cajas de seguridad o en inversiones en el extranjero, en hoteles o estancias privadas, estamos en graves problemas .
La independencia de los jueces intenta ser cambiada mediante seducción, corrupción o a los garrotazos, en sumisión, para lograr que evaporen las pruebas acumuladas y que, por arte de magia, conviertan en víctimas a los victimarios.
Sí, en víctimas de lo que llaman «law fare». Es decir, damnificados por esa complicidad política, judicial y mediática que dicen que los convierte en delincuentes al inventar delitos y pruebas para combatirlos. A ellos, a los caudillos populares que supuestamente defienden los intereses del pueblo.
Su pecado no es lo que robaron, sino la defensa de su pueblo que, extrañamente, pese a tanta tarea suya cada día está más pobre e inculto.
Todo vale (para ellos)
Para lograr el objetivo impunidad, el único que parece movilizar a quienes gobiernan en Argentina, intentaron todo: reformar leyes, inventar cargos, denunciar a magistrados, convertir al Consejo de la Magistratura (equivalente al Consejo General del Poder Judicial en España) en una agencia de empleos partidarios.
No solo utilizó su día en visitarla cuando el país se cae en pedazos por la falta de decisiones políticas que lo encarrilen, sino que se alzó contra la propia Corte Suprema, obviando sus sentencias y burlándose de las instituciones provinciales de Jujuy (provincia fronteriza con Bolivia) que es donde se encuentra internada la condenada. Ni siquiera por obligación protocolar anunció su ida o visitó al gobernador Gerardo Morales, dirigente de la Unión Cívica Radical (UCR). En su lista de prioridades está alentar a delincuentes condenados.
Burlarse o domesticar la justicia
Ese hecho conmueve por lo inmediato, pero en rigor, desde el inicio mismo del mandato, Fernández intentó burlarse de la justicia como organización y de sus funcionarios no alineados con el poder político. Intentó «reformar la justicia», lo que traducido en lenguaje de la calle significa «domesticarla».
Las leyes creando cargos que intentaría llenar con súbditos para restarle poder a los actuales funcionarios, tuvo media sanción en el reino de la Vicepresidenta –el Senado- pero no logró su aprobación en Diputados.
El procurador fiscal
Eduardo Ezequiel Casal, procurador fiscal (fiscal general) es quien debe establecer las políticas de persecución de los delitos, quien da instrucciones a los agentes fiscales que son quienes acusan en las investigaciones. Por eso, el procurador ha sido el blanco de ataque de todos los dardos envenenados de quienes están acusados de corrupción.
Se intentó echarlo con un juicio político, pero no les funcionó. Tienen la mala fortuna de que se trata de un funcionario intachable.
Para elegir a quien lo reemplace necesitan los dos tercios de los votos del Senado, pero no cuentan con esos votos. Intentaron cambiar la ley para que lo elija una simple mayoría y no lograron aprobar esa modificación.
Jueces militantes
Intentaron nombrar cientos de jueces «militantes». La doctrina de esa «milicia» es la obligación de absolver a los corruptos. Esa sola convicción les aseguraría un puesto vitalicio y bien remunerado. Pero no fueron exitosos porque aún quedan algunos resortes institucionales que no lograron oxidar.
Intentan restarle poder a la Corte Suprema. Convertirla en un tribunal multitudinario con representantes de todas las provincias, olvidando que esa representación está en el legislativo.
La Corte solo debe velar por la constitucionalidad de las leyes y la no arbitrariedad de las decisiones. No es una instancia más, su jurisdicción es trascendental pero limitada.
Se lo acaba de demostrar a la actual vicepresidenta, Cristina Fernández, al rechazar sus múltiples recursos que pretendían cerrar o al menos detener las causas que se le siguen por los delitos que se le imputan.
Con fallos fundados le enrostró que no es un tribunal político partidario y que entre sus múltiples obligaciones no está respaldar los caprichos del Ejecutivo.
Narcos y sicarios en la cárcel
María Servini de Cubría, juez Federal, debió denunciar a Martín Soria, Ministro de Justicia y a «Malala» Garrigós de Rébori, la Interventora del Servicio Penitenciario Nacional (que es una Camarista penal jubilada) imputándoles obstruir la investigación tendiente a acreditar que los detenidos en unidades carcelarias continúan manejando el narcotráfico y a los sicarios que se mueven en ese submundo.
El «Consejo de la Magistratura» tiene un rol esencial en el funcionamiento de la justicia, ya que entre sus capacidades está seleccionar –mediante concursos– y sancionar a los jueces.
Su composición, a causa de una ley de autoría de la viuda de Néstor Kirchner, había perdido el equilibrio y era dominado por los representantes políticos.
La Corte declaró la inconstitucionalidad de esa ley (doce años después) y como tampoco lograron sancionar otra que cristalizara sus deseos de convertir a los jueces y fiscales en ventrílocuos del ejecutivo, hicieron trampa en la elección de un consejero, simulando una segunda minoría al romper en dos su propio bloque.
Si la capacidad que tienen para hacer daño la utilizaran en solucionar los problemas, sin duda saldríamos pronto de este atolladero.
Lo cierto es que los concursos se encuentran paralizados, lo que permite que las cientos de vacantes sean administradas por «subrogantes», magistrados más vulnerables a la extorsión del poder.
Jueces en el banquillo
Los sumarios de los jueces denunciados (por la razón que fuere o sin razón alguna) suelen tener el ritmo que indica, no la gravedad de lo que se le imputa al magistrado sino la necesidad de los servicios que de ese juez tienen los políticos del Consejo o sus amigos.
El daño institucional que están realizando, dejará cicatrices imposibles de borrar en décadas. Ese daño resulta en alguna medida limitado, porque la pérdida de las elecciones de medio término les quitó las mayorías que necesitaban para no dejar en pie ningún ladrillo institucional.
La cadena con la que intentaron atar las manos de la justicia se fue debilitando, porque cada uno de los eslabones con los que pretendieron fabricarla se derritieron con el calor del grito de las personas que claman por la independencia judicial.
A la deriva
Hacen faltas muchas decisiones legislativas para tratar de enderezar el rumbo de este barco a la deriva. Pero a los legisladores del oficialismo y al Ejecutivo solo parece importarle los proyectos que agravian la institucionalidad y que le permitirían meter mano en la organización judicial. Restarle su autonomía e independencia para que de una buena vez entiendan que deben obedecer las órdenes de quienes creen ser delegados de la justicia divina.
El volver al poder no los salvó como lo imaginaron, solo los delató.
- Marta Nercellas es abogado argentina, especialista en Derecho Penal y Derecho Penal Económico, columnista y profesora
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