Somos más pobres. El Banco de España confirma que, mientras los precios han subido un 10’8 por ciento, la media de los salarios lo ha hecho en un 2’5 por ciento. De un plumazo, nos han quitado ocho puntos de poder adquisitivo. El deterioro de las economías familiares, alarmadas tras la reciente crisis de 2008, avanza a velocidad inusitada.
Somos menos libres. Nos dictan a qué temperatura debemos poner los termostatos, nos impiden circular por el centro de las ciudades, nos advierten de que no podremos comprar vehículos de combustión o nos suben los impuestos que gravan el rendimiento de nuestro trabajo. Para colmo, si contravenimos la doctrina oficial dictada desde el púlpito de Irene Montero, corremos el riesgo de ser social y digitalmente estigmatizados.
Estamos tremendamente enfadados. Enfadados porque somos más pobres. Enfadados porque somos menos libres. Enfadados porque tenemos un Gobierno que, lejos de ocuparse de las necesidades de la España real, crea problemas donde no los había, dicta unas cuantas subvenciones imposibles de tramitar y desaparece.
En pocas ocasiones, una decisión de un ejecutivo ha provocado tanta unanimidad en la crítica como la que ha logrado aunar el decreto que raciona el uso de la energía. Comercios y restaurantes, que aún no han alcanzado las cifras de facturación previas al confinamiento ordenado desde Moncloa, temen que arruine la campaña turística que prometía sacarles de los números rojos. Las fuerzas del orden nos advierten de que se deteriorará la seguridad. Después vendrán los psiquiatras a confirmar que suben las tasas de tristeza.
Es difícil de entender que Teresa Ribera, renuente hasta la insolencia cuando la Comisión Europea planteó recortes de gas en el invierno, haya decidido ser la primera de la clase, pegando la patada en trasero ajeno, cuando aún no ha finalizado el verano. Más si cabe cuando la necesidad acuciante de España no es la energía. El mercado ya se ha autorregulado, el consumo se ha reducido porque la demanda se ha ajustado a la baja para adaptarse a la subida del precio. La necesidad acuciante de España es el agua. Y no tenemos noticias de que nuestra concienciada vicepresidenta medioambiental haya clamado por ayuda o soluciones en Bruselas.
El fuego está arrasando Castilla y León y Galicia. En Huelva son casi una decena los municipios en los que los vecinos tienen que usar agua embotellada para lavar los platos o cuidar de la higiene personal. En el interior se sirven de cisternas. Las cuencas del Guadiana y el Guadalquivir están en un estado lamentable. Las del Ebro y el Duero, en alerta. A lo peor, la mejor noticia será que Ribera no se ocupe de ello, porque, si un día decide hacer frente al problema, tal vez no se le ocurra nada mejor que cerrar grifos y tuberías.
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