Somos una república bananera
España es la única democracia del mundo en la que en el último lustro se ha limitado la libre entrada en su territorio de un nacional con pasaporte en uso y con su ciudadanía en ejercicio
Esto no ha sido por casualidad. En una campaña electoral nada lo es. Y cuando el partido del Gobierno va camino de despeñarse –aunque saque al CIS de Tezanos para construir una «verdad» alternativa– no hay «información» que irrumpa en el centro del debate por casualidad.
El Rey Juan Carlos ha dejado de tener interés para los medios afines al Gobierno. Después de asaetearlo durante años, se ha terminado la feria: ya no da más de sí. No hay causa alguna contra él.
Así que, sin razón aparente, El País le dedica una página el 13 de julio, con llamada en portada, explicando que una victoria de Feijóo le hará volver a vivir a España libremente y a instalarse en el Palacio de La Zarzuela. Es evidente que la campaña que se ha librado contra él desde ese periódico y otros medios en los últimos años hace concebir la esperanza de que la noticia genere una reacción negativa en la opinión pública. Por más que desde algunos medios de pareja comunión se intente hacer ruido, la verdad es que la repercusión de la noticia ha sido limitada. Aunque «el entorno» del Rey Juan Carlos haya declarado que es falsa y que él no tiene intención de volver a vivir a España permanentemente. Sospecho que esto último es cierto, aunque no tengo información de primera mano. A lo que el Rey Juan Carlos aspira es a que se respeten sus derechos humanos. Es decir: a que se permita su entrada y salida libre de su patria. España es la única democracia del mundo en la que en el último lustro se ha limitado esa libre entrada en su territorio de un nacional con pasaporte en uso y con su ciudadanía en ejercicio. Además, resulta ser el anterior jefe del Estado en su calidad de Rey constitucional. Condición, la de Rey, que le sigue reconociendo la legislación vigente. Así que limitar su entrada en España de forma espuria y mediante presiones, es propio de una república bananera. En un Estado de derecho eso no puede ocurrir. Porque quien no puede entrar en su patria es un exiliado político. Y en las democracias no debe existir tal.
Lo primero que me hizo pensar la crónica de El País es que, si el cambio de actitud anunciado en sus páginas se cumple, será la prueba del algodón de que su salida de España no fue motivada de mutuo acuerdo por el Gobierno y el Rey (Felipe). Como algunos llevamos años sosteniendo, fue impuesta al Rey por su presidente del Gobierno. Horas después de la publicación de esa página y en la cadena SER, medio de la misma propiedad que El País, Angels Barceló hizo una pregunta a Pedro Sánchez en ese sentido y el presidente no respondió. No lo hizo pese a que Barceló repitió la pregunta. Sólo supo balbucir que Felipe VI y él se llevan muy bien –tiene la ventaja de que el Rey no puede salir a confirmar o desmentir su afirmación.
La realidad es que lo que pueda cambiar la situación de Juan Carlos I a partir del 23 de julio no va a responder a ninguna postura oficial, porque no hay ninguna posición oficial. Hay, tan sólo, una singularidad de España entre las democracias del mundo. Basta con que Don Juan Carlos entre y salga de España cuando quiera y pueda volver a vivir en su casa cuando esté en España para que dejemos de ser señalados como un país en el que todavía hay un exiliado político. Y sospecho que eso puede ser resuelto por Núñez Feijóo con relativa facilidad.
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