En su prólogo de 1963 a La colmena, escribe Camilo José Cela: «La historia tiene ya el número de páginas suficientes para enseñarnos dos cosas: que jamás los poderosos coincidieron con los mejores, y que jamás la política (contra todas las apariencias) fue tejida por los políticos (meros canalizadores de la inercia histórica)». Pedro Sánchez no hace sino corroborar las dos afirmaciones. La primera, por evidente, no requiere argumentación. La segunda nos llevaría a una reflexión sobre cierta inercia histórica que lleva a España, recurrentemente, a asomarse al abismo de su destrucción.
Las condiciones que ha puesto el delincuente prófugo Puigdemont a Sánchez para votar su investidura son indecentes e inconstitucionales: la amnistía, un mediador internacional y un referéndum de autodeterminación. La permanencia en la Moncloa a cambio de la unidad de España y de la Constitución. Ser independentista no es delito en España. La rebelión, la sedición y la malversación, sí o, al menos, lo eran antes de la infamia. Las ideas no delinquen; las acciones, sí.
La Constitución no prohíbe la amnistía. Tampoco la antropofagia. La amnistía es inconstitucional. Basten dos muestras ejemplares: el artículo de Ramón Rodríguez Arribas en El Debate y el de Virgilio Zapatero en El Español. Nada que añadir. Si la Constitución proscribe el indulto general, con mayor motivo lo hará con la amnistía. Quien prohíbe lo menos, prohíbe lo más. El exministro socialista recuerda a este respecto la referencia del gran filósofo del Derecho, Recasens Siches, en su primera lección española de vuelta del exilio mejicano, al ejemplo del campesino polaco que, ante la prohibición de subir al tren con perros, pretendía viajar con su oso, ya que ese caso no estaba explícitamente contemplado. La amnistía es hoy el oso polaco. El Derecho está sometido a la lógica de lo razonable. Además, la amnistía entrañaría el reconocimiento de que la democracia española no había sido democracia durante un tiempo, ni el Estado de Derecho, Estado de Derecho.
La exigencia de un mediador internacional entre España y Cataluña es una infamia inconstitucional, pues entraña el reconocimiento de un conflicto entre dos naciones y no, si acaso, entre una parte y el todo. Pero, según la Constitución no hay más nación que la española, patria común e indivisible de todos los españoles. La soberanía reside en el pueblo español, no en una parte cualquiera de él. Si se rompe esta unidad soberana, ¿en quién residirá la soberanía? ¿En Cataluña? ¿Y por qué no en la provincia de Tarragona, o, pongamos, en Badalona?
En tercer lugar, sobre el referéndum de autodeterminación no cabe ni la más mínima discusión jurídica. Es absolutamente inconstitucional. La propuesta independentista solo tiene un camino: la derogación de la Constitución (o mediante los mecanismos de reforma o mediante el golpe de Estado) y la apertura de un proceso constituyente. Es decir, la destrucción de la nación y de la Constitución. Ese es el precio que Sánchez tiene que pagar para seguir en la Moncloa. Y si nada se lo impide, sin duda lo pagará. Al fin y al cabo, solo se tratará no de una mentira más, sino de un nuevo cambio de opinión.
Pero no sé si Sánchez y sus secuaces reparan en un pequeño detalle. Feijóo, si quisiera el poder a toda costa (como, al parecer, él), podría hacer lo mismo y antes que él: aceptar las condiciones indecentes de Puigdemont y ganar la investidura. Si no lo hace es porque tiene cierta decencia política y moral de la que carece el presidente del Gobierno.
Excusa no pedida, ya se sabe, acusación manifiesta. Los papagayos y papagayas del banco azul no dejan de repetir su culpable letanía. Todo sí, pero dentro de la Constitución. ¿Es que cabía pensar que harían algo fuera de ella? Por supuesto que sí. Por eso, lo niegan preventivamente. Ah, eso sí, queda el Tribunal Constitucional, el último baluarte frente a la tiranía bolivariana. Pero ya se ha encargado el aprendiz de tirano de convertirlo en una mayoría de jaleadores gubernamentales.
Las condiciones exigidas son indecentes. Quien las acepte, aunque se disfracen de legalidad, será un indecente. España soporta casi todo. Pero no sé si soportará otra legislatura de Sánchez.
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