El cáncer del Tribunal Constitucional
No tiene que temer el PP señalar a Pumpido y sus socios ni mucho menos disculparse por denunciar lo evidente
Se ha alterado mucho la progresía patria esta semana por una frase de Esteban González Pons sobre el Tribunal Constitucional, al que calificó de «cáncer para el Estado de derecho».
No está claro si la indignación y los golpecitos en el pecho procedían del uso metafórico de una enfermedad, en cuyo caso carece de sentido, o del fondo de la cuestión, la duda sobre la independencia del órgano, en cuyo caso todavía lo tiene menos.
Que el susodicho rectificara, en lugar de aprovechar la polémica para situar el asunto en el centro del debate, fue una mala decisión. Solo superada, quizá, por la decisión del PP de lanzar su propuesta de Selectividad unitaria al día siguiente de que Sánchez desvelara la suya de «terrorismo humanitario».
Ni aunque mañana mismo fueran a someterse a la EBAU ésa millones de alumnos de España tendría sentido que, en lugar de centrarse en la bochornosa rendición del PSOE ante los CDR, se pusiera a hablar Feijóo de su fantástica idea de anteponer la enseñanza de los grandes ríos de España a la de los afluentes cantonales de cada Reino de Taifas. Cada día tiene su afán, y el de ahora es el filoterrorismo sanchista.
Y también la composición y cometido del Tribunal Constitucional, que es a la preservación de la Carta Magna lo que el fuego a la conservación de los bosques. O si lo prefieren, un cáncer con metástasis que afecta a todas las instancias judiciales y jurídicas en las que Sánchez ha metido la zarpa.
Al frente de todo está Cándido Conde Pumpido, de quien cabe esperar la misma independencia en las materias que le toquen que de Joan Laporta hacia el Barça: hay que tenerlos cuadrados para acusar al Real Madrid de adulterar la competición tras demostrarse que, durante años, él tuvo en nómina al jefe de los árbitros.
Si al Negreira del Constitucional se le añade un exministro de Justicia, una asesora de Moncloa y un ramillete de magistrados al que solo les falta lucir en la toga la célebre pegatina de «Perro Sanxe» que estrenó Begoña Gómez para presumir de marido en la noche electoral; lo extravagante es que alguien piense o se crea que el Alto Tribunal va a ser distinto al CIS, RTVE, el Letrado Mayor del Congreso o el juez De Prada.
Pumpido no es siquiera sospechoso, como tampoco Tezanos, Galindo, Campo, Delgado, Mateo, Serrano y el resto de comisarios del Régimen que, desde 2018, han transformado todas las instituciones del Estado en una vulgar herramienta de consolidación de los siniestros planes de su patrón, ayudándole a dar apariencia de legalidad a los más burdos abusos perpetrados para eternizarse en el cargo.
Que Pumpido cumpla con la misión encomendada es evidente: de no querer hacerlo, no estaría allí, como tampoco lo estarían los otros seis magistrados de estricta observancia sanchista designados para ayudarle.
Que le tiemblen las piernas a Pons y crea que el problema no es que el Tribunal Constitucional sea un cáncer, sino que él lo diga, es casi igual de preocupante: cuando legalicen un referéndum de independencia, o la barbaridad que necesite Sánchez, no habrá quimioterapia ya para curar una enfermedad irreversible.
Cuando se está dando un golpe de Estado para rendirlo ante sus enemigos, lo último que puede hacerse es pedir disculpas al tipo elegido para blanquearlo. Es de primero de oposición.
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