Que condonen la deuda a los ciudadanos
El Gobierno persigue a trabajadores y empresas para pagarle la Presidencia a Sánchez con premios a los atracadores
La izquierda formal, que es tan progresista como vegana una hiena, se indulta, se amnistía y ahora se condona, con una legislación y unas normas distintas al resto que consagra un principio repugnante: es el árbitro que mete goles con la mano, el sheriff que atraca bancos y el juez que condena a la víctima e indemniza a su agresor.
El monopolio de la violencia legítima le corresponde al Estado, que lo ejerce a través de los Cuerpos de Seguridad: por eso debe hacerlo con cuidado, consciente de que todo gran poder comporta una gran responsabilidad, como en tiempos de Damócles, y de que la impunidad ha de ser una garantía para el ciudadano, no una barra libre para el político.
Salvo para Sánchez, que se ha ido aplicando la inviolabilidad a sí mismo y a sus amistades o socios, con un sistema a plazos que derriba, paso a paso, el corpus jurídico y moral que fija las lindes de toda actividad en un Estado de derecho, incluyendo la suya, y lo salva de mutar en latifundio feudal.
Tras indultar graves delitos contra la nación, reformando el Código Penal al dictado de los delincuentes o amnistiar los delitos cometidos para transformarlos en derechos; ahora toca «condonar» su deuda para que además de quedar todo sin castigo, tenga financiación suficiente cuando vuelva a atacar: primero dejó sin repuesta el abuso, después legalizó el atraco y ahora aspira a las víctimas sufraguen el ataque de sus agresores.
Todo ello es corrupción, y de la peor: no hay diferencia entre intercambiar una recalificación urbanística por un sobre con dinero y meter en un maletín un cheque en blanco judicial y económico a cambio de una investidura. Y eso es lo que ha hecho Sánchez desde 2018, comprándose un puesto que los ciudadanos no le dieron en las urnas, con un acuerdo que tiene tanto de pacto parlamentario como un intercambio de favores entre los cárteles de Sinaloa y Medellín con el comercio internacional.
Ahora se pretende repartir entre todos los contribuyentes el impuesto revolucionario de Junqueras y Puigdemont, que son 17.000 millones de condonación de deuda y un cupo catalán que les permitirá a los prósperos alemanes de España hacer lo que el PSOE critica a los alemanes de Europa, con una agravante insoportable: los mismos que regalan dinero ajeno y perdonan deudas invertidas en destrozar España, suben los impuestos a los trabajadores, asfixian fiscalmente a las pequeñas empresas y a las autónomos, recargan cualquier retraso con ímpetu de usurero, publican listas de morosos que convierten al pobre arruinado en un defraudador y persiguen con multas, sanciones y estigmas a todo aquel que no cumplimenta al sheriff de Nottingham, un vulgar bandolero disfrazado de Robin Hood.
A la humillación de ver cómo un prófugo, un golpista y un exterrorista dirigen a España, como ventrílocuos de un monigote con ínfulas, se le añade el insoportable espectáculo de ver cómo el ladrón te roba y la Policía sale rauda, enérgica y sin ambages en defensa del atracador. Sánchez no es un mal político solo, es un tumor maligno con metástasis.
Posdata. Las deudas no se condonan, se cambian de bolsillo pero paga el mismo, el pobre rehén en que se ha convertido el ciudadano. El truco puede valerle a los presidentes autonómicos manirrotos y despilfarradores, y eso puede hacerle alguno picar en el anzuelo. El que lo haga merece el mismo trato que Puigdemont y Junqueras, y alguno ya va teniendo pinta de merecérselo.
