Un Gobierno legal, pero no legítimo

A veces, a los juristas se nos presentan hechos, acontecimientos o casos en los que, para un mejor discernimiento o preparación para el debate público, resulta necesario establecer ciertas precisiones o acotaciones, como cualquier otro profesional que se ve obligado a intervenir con cierto rigor y exactitud.

Es lo que, a nuestro juicio, sucede cuando se trata de examinar la naturaleza del Gobierno constituido en coalición (2020-2023) proveniente de las elecciones de 2019, formado por acuerdo del PSOE con Podemos. O el tercer Gobierno de Sánchez, también en coalición del PSOE con Sumar, tras la investidura conseguida por Pedro Sánchez una vez celebradas las elecciones generales del 23 de Julio de 2023.

Nos afirmamos en la opinión de que tanto el segundo como este tercer Gobierno, que continúa en esta hora, podrá decirse que son gobiernos legalmente constituidos, es decir, votados y formados de acuerdo con el procedimiento legalmente previsto (tanto en la CE como en la legislación ordinaria vigente), pero no se trata de un gobierno en el que recaiga la nota de legitimidad para serlo. Será legal, pero no legítimo. Trataremos de fundamentar esta última afirmación.

1.- En primer lugar, la elección de partidos que hizo Sánchez para formar gobierno. En efecto, no disponiendo del número suficiente de diputados para lograr la investidura, y rechazando un pacto de gran coalición con el Partido Popular, Sánchez se alía con podemitas, paleocomunistas, separatistas, nacionalistas y herederos del terrorismo vasco. Se alía con la ultraizquierda, con secesionistas y con partidos herederos de ETA.

Estos son partidos que rechazan la CE 1978. No reconocen a la nación española, ni la unidad territorial del Estado. Por el contrario, defienden la República, la confederación, la plurinacionalidad y los ‘referenda’ de autodeterminación, fragmentando el soberano, el ‘demos’. Así mismo, postergan la lengua española y pretenden la cooficialidad de sus lenguas vernáculas en todo el territorio del Estado. Se nos hace difícil entender que el Gobierno de un Estado se constituya con aquellos que desean su desaparición.

2.- La segunda razón viene representada por la ‘jibarización’ del Parlamento; su subordinación al Poder Ejecutivo (la presidenta es una militante socialista de polémica trayectoria pública); por eludir el Gobierno el procedimiento legislativo ordinario, y preferir las Proposiciones de Leyes al más ortodoxo instrumento del Proyecto de Ley. Con ello el Poder Ejecutivo consigue burlar en el ‘iter’ legislativo la participación de órganos consultivos (Consejo de Estado, CGPJ…).

Añádase a lo anterior el abuso gubernativo de la figura del Decreto-Ley, con lo que el Gobierno legisla de ordinario. Es incapaz de aprobar leyes en Las Cortes Generales y recurre a las normas excepcionales (DD.-LL.).

3.- Por los pactos celebrados por este Gobierno con partidos contrarios al ‘establishment’ constitucional (Sumar, ERC, Junts, PNV, EH Bildu, BNG, Coalición Canaria). En particular, los firmados en noviembre de 2023 con ERC y Junts, que vienen a desmantelar el Estado en Cataluña por los traspasos acordados de competencias, servicios, bienes, condonación de deuda y constitución de un concierto económico similar al vasco. Estos pactos vienen a dejar sin efecto la CE en esos territorios y en el País Vasco.

Empero el pacto más polémico y perverso, podemos decir, es el arrancado por Junts a Sánchez para su investidura: una Ley de Amnistía. Lo que sin duda puede calificarse de corrupción política. Aun en contra de amplios sectores políticos, jurídicos, profesionales y ciudadanos, la promesa se ha convertido en la L.O. 1/2024, de 10 de Junio, de «amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña» (LOA) (BOE del 11), norma que ha recibido numerosas impugnaciones ante el TC y cuestión prejudicial ante el TJUE, pendientes de resolución.

La LOA no responde a un objetivo de interés general reconocido por la UE. Más bien constituye una «autoamnistía», pues, a) los votos de sus beneficiarios han sido fundamentales para su aprobación; y b) la LOA parte de un acuerdo político para lograr la investidura del Gobierno de España. Ello es contrario al principio del Estado de derecho. Es impunidad a cambio de apoyo parlamentario. Se opone al Ordenamiento Comunitario Europeo.

También cabe destacar que la amnistía fue una medida no incluida en el programa del PSOE para las elecciones de julio de 2023, lo que impidió a los electores conocer esa propuesta y con ello se eludió el debate público, lo que la hace una decisión no legitimada democráticamente. La Ley no ha sido aprobada por mayoría cualificada, no suscita amplio consenso social y político y se siguió el procedimiento de urgencia. Numerosos juristas y expertos la califican de norma arbitraria e inconstitucional.

4.- La cuarta razón para negar al Gobierno de Sánchez el carácter de Gobierno legítimo es la política memorialista de partido, que ha tomado cuerpo en la sedicente Ley de Memoria Democrática, Ley 20/2022, de 19 de Octubre, que revisa y actualiza la llamada Ley de Memoria Histórica de 2007, de Rodríguez Zapatero. Es una Ley sectaria, divisiva, distingue entre buenos y malos españoles, injusta, revisionista y manipuladora de la Historia, una ley de parte, extemporánea, innecesaria, que no fomenta la concordia civil sino lo contrario.

5.- En quinto lugar, la corrupción económica se añade a las causas anteriores. Accede al Gobierno de España a causa de la corrupción económica de un Gobierno de los conservadores españoles, y cae en el mismo pecado. Ello conduce a que el Gobierno de Sánchez será un gobierno legal, legalmente constituido, pero irregular, ilegítimo. Quiere decir que el Gobierno carece de legitimidad, de título válido o justificación suficiente en Derecho. Y, en consecuencia, también desde el punto de vista político y/o constitucional.

6.- Por último, la consecuencia de padecer este Gobierno sanchista -con sus políticas disolventes y centrífugas- es estar viviendo un proceso de sustitución constitucional no consentido, artero (Fernández-Fontecha), lo que lleva a considerarlo no legítimo.

7.- Finalmente, el Gobierno ha conseguido una mayoría de magistrados que ha supuesto la colonización del TC. El árbitro constitucional ha perdido la confianza del pueblo en su neutralidad e imparcialidad.

Todo lo anterior nos permite calificar al Gobierno de Pedro Sánchez de Gobierno caquistocrático (del griego «kakistos», que significa «el peor», y «kratos», que significa «poder» o gobierno), lo que implica un gobierno no legítimo ejercido por los peores individuos de una sociedad.

Este artículo es suscrito por todo el Foro de la Concordia Civil