Cándido, Sánchez y la Puerta del Sol
El PSOE ve franquistas hasta debajo de las piedras. Una vez que, según sus sectarias entendederas, los identifica, son lapidados. Una piedra para elevar el muro y otra y otra y otra para desnucar políticamente al discrepante
Hasta el Tribunal Constitucional ha tumbado la pretensión de Pedro Sánchez y Félix Bolaños de estigmatizar la Real Casa de Correos, sede de la Comunidad de Madrid, colocándole una placa que indique que fue escenario de las torturas franquistas cuando albergaba la Dirección General de Seguridad. La Corte de Garantías ha levantado la suspensión de parte de la ley regional que permite a Díaz Ayuso determinar qué placas y distinciones pueden colocarse en el inmueble, así como los actos que se celebran en ese espacio público.
Ya estaban en Moncloa frotándose las manos para declarar la sede autonómica «lugar de memoria democrática», con la única intención –es la misma siempre– de generar división y enfrentamiento. ¿Qué hizo el simpar Félix? Presentó un recurso de inconstitucionalidad contra ese punto de la norma, bajo el pretexto de que invadía competencias estatales y chocaba frontalmente contra su Ley de Memoria. Conde-Pumpido admitió a trámite el recurso –¡cómo no!–, y suspendió la ley madrileña en su artículo 4 que establece la obligatoriedad de que la Comunidad autorice la instalación de cualquier distintivo, pero finalmente ha sido desestimado. Ya sabemos que el PSOE ve franquistas hasta debajo de las piedras. Una vez que, según sus sectarias entendederas, los identifica, son lapidados. Una piedra para elevar el muro y otra y otra y otra para desnucar políticamente al discrepante. Un procedimiento infalible para tumbar a los enemigos del Sumo Líder.
La memoria, algo tan subjetivo, personal e intransferible que impide que hasta las almas más afines guarden igual recuerdo sobre el mismo hecho, es mercancía para imponer los dogmas de la izquierda, la única verdad revelada por los mismos de siempre. En base a una ley que no ha hecho otra cosa que aplicar el olvido sobre los crímenes de los afines para condenar los de los contrarios –que bien condenados están–, el Gobierno intenta vengarse de Ayuso en cuanto ve ocasión. Con más de 250 años de historia, la sede de Sol, para la izquierda, solo fue un centro policial franquista. Ese sesgo lo quiere hacer prevalecer sobre una joya arquitectónica diseñada por Ventura Rodríguez en 1750, a solicitud del marqués de la Ensenada, con el objetivo de que fuera la oficina de Correos. Ayuso ya le recordó a Sánchez que no habría mármol para tanta placa si marcásemos las checas de Madrid, donde el Frente Popular ejecutaba su particular represión que –a juicio de la izquierda– debió imponer con pompas de jabón.
Esa patológica obsesión por dividir a los madrileños a los que no logra doblegar en las urnas tiene a Sánchez en un sinvivir. Contra Ayuso vale todo: desde cerrar Madrid durante la pandemia para dañar la economía regional, hasta lanzar a su fiscal general en clara vulneración de los derechos de la pareja de la presidenta o boicotear la Vuelta a su paso por la capital, pasando por dejar a la fiesta popular del Dos de Mayo sin la participación del Ejército o versionar el «España nos roba» por un «Madrid nos roba» y así justificar los privilegios que le otorga a Illa y a los independentistas catalanes.
Ahora le toca, sin éxito, a ese edificio singular, que terminara de construir el arquitecto francés Jaime Marquet y cuyas obras tuvieron que pararse en el siglo XVIII por las leyendas que corrían de que estaba endemoniado. Sin olvidar aquella otra fábula popular que se contaba de que un oficial francés se escondió durante la rebelión del 2 de mayo de 1808 y el gabacho invasor se convirtió en ratón. Allí fue llevado ya sin vida tras ser asesinado José Canalejas, el 12 de noviembre de 1912, de ahí que uno de sus más bonitos salones lleve el nombre del que fuera presidente del Consejo de Ministros.
Parte del conjunto monumental ha sido Cuartel de Zaragoza, Capitanía General, Gobierno Militar, Guardia de Prevención hasta que en 1847 fue sede del Ministerio de Gobernación, reservando la planta baja a la oficina postal. Un palacio desde cuyo balcón se proclamó la II República, el mismo que de 1939 a 1985 albergó la Dirección de Seguridad. Los últimos, fue sede de la DGS –¿también represora?– del Gobierno socialista de Felipe González. Hasta que, en 1985, otro reconocido franquista como Joaquín Leguina, lo estrenó como sede de la Autonomía. Es decir, de sus más de dos siglos y medio de vida, tan solo 46 pasajeros años lo condenan a ser un espacio tenebroso, digno de ser exorcizado, a criterio del sanchismo.
Aunque el TC ha puesto pie en pared, esto no ha terminado. Las inclinaciones compulsivas nunca desaparecen.
