Para chiringuitos universitarios, los de Pedro y Begoña

Cualquiera podría hacerlo con razones sobradas, pero me siento especialmente legitimada para defender la universidad privada (y la enseñanza de pago en general) porque toda mi formación, desde mis primeros lapiceros de colores hasta la licenciatura en Ciencias de la Información, la desarrollé en lo público. No fue una elección: mis padres no tuvieron recursos para optar. Y bien orgullosa que me siento. Disfruté de una formación sólida –mis carencias solo se deben a mí–, con profesores de excelencia y en un contexto de aulas llenas de niños y jóvenes ávidos de aprender y de no decepcionar en casa, donde nos apretaban los tornillos para que consiguiéramos una vida más confortable que la que habían tenidos nuestros padres y abuelos y nos animaban a que tomáramos ese famoso ascensor social, que ahora gracias a los socialistas ya no existe, salvo para bajar de piso. Como no defiendo algo de lo que me haya beneficiado, me siento facultada para admirar la enseñanza privada y para desenmascarar que la izquierda, con Pedro Sánchez y Diana Morant (esa ministra y candidata valenciana que vive para matar civilmente a Carlos Mazón) a la cabeza, haya impulsado y aprobado una ley para dinamitarla, bajo la hipócrita sentencia de que son «chiringuitos educativos».

La ofensiva gubernamental contra los campus privados, a los que María Jesús Montero con su proverbial vocación de insultar nuestra inteligencia definió como «una amenaza» para la clase trabajadora, hace caso omiso a las valoraciones negativas que han hecho del decreto el Consejo de Estado, el propio ministerio de Carlos Cuerpo y los organismos reguladores. Y no son los únicos porque las comunidades de Madrid, Extremadura y Aragón impugnarán el texto que tildan de «esperpento». Ante la falta de producción legislativa, porque ya solo depende Moncloa de que Iglesias vea peligrar el sueldo europeo de su mujer, el Gobierno ha tirado por la calle de la ideología. De los autores de los comodines de Franco, Gaza –mal y a destiempo–, el aborto, la ultraderecha, ahora tenemos en la sala de juegos de nuestra política la verborrea habitual contra la Universidad privada, que no es más que una enmienda a la totalidad al expediente universitario del mismísimo presidente, que se licenció en Económicas en una privada y se doctoró –bueno, copió la tesis–, en la Camilo José Cela que, como todo el mundo sabe, no es el santo y seña de la formación pública.

La mayor parte de su Ejecutivo lleva a sus hijos a clases privadas y ellos mismos han cursado carreras fuera de lo público. Por no hablar del citado Iglesias disfrutando para su prole de la enseñanza privada a la que criminalizó. Y todo en el ejercicio de la libertad que yo reivindico pero que también reclamo para los demás. Curiosamente, la nueva norma de Morant quiere frenar la proliferación de estos centros que no dependen directamente del Estado y que, en muchas ocasiones, enriquecen a la sociedad con promociones de buenos estudiantes, con una formación solvente. Es verdad que su habilitación debe ser planificada con rigor. Que en los últimos 20 años se hayan creado 24 nuevas universidades privadas, (hay 46 en total) y ninguna pública (existen 50) debe invitar a hacer una buena radiografía de los estudios superiores y adecuar las especialidades a las necesidades del mercado laboral, tarea en la que ningún gobierno ha hecho nunca nada. Todo menos hacer ideología con una materia nuclear, que nos interpela sobre la clase de ciudadanos que queremos en el futuro.

Y ya para «chiringuito universitario», el que se montó Begoña Gómez en la Complutense, donde le fabricaron una cátedra extraordinaria para paliar su falta de expediente universitario. Cómo será lo de los chiringuitos de la consorte imputada que hasta esa Universidad –pública y por tanto no sujeta a revisión por Moncloa– se va a personar en la causa contra la esposísima porque cree que pudo sufrir un perjuicio económico con el software regalado por altas empresas nacionales e internacionales, que pudo apropiarse indebidamente, según el juez Peinado.

Claro que este rapto de dignidad –es la segunda vez que lo intenta la universidad madrileña– lo podía haber tenido el señor rector Goyache antes de acudir solícito al palacete presidencial a rendir pleitesía a su ahora demandada cuando esta quería jugar a ser catedrática sin haber pisado un aula universitaria en su vida. Que no nos hablen de chiringuitos.