Begoña y las otras cónyuges

Pedro Sánchez y Félix Bolaños, como la propia Begoña Gómez y su abogado, el exministro Antonio Camacho, saben perfectamente lo que voy a recordar. Sin embargo, los cinco delitos por los que se investiga a la mujer del líder son tan feos que hay que usar toda la munición habida y por haber para evitar que sea procesada. Por eso, han pedido al juez Peinado que recabe datos sobre los asesores de las predecesoras de la imputada. Poner el ventilador es de primero de sanchismo, pero me temo que pinchan en hueso, además de incurrir en lo que critican: piden una investigación prospectiva contra otras ciudadanas que nada han hecho.

Vivir en el Palacio de la Moncloa que es, a la vez, residencia oficial de los presidentes del Gobierno español y su casa familiar, obliga a ser muy escrupuloso en la distinción de lo público y lo privado; de lo oficial y lo particular. De hecho, los funcionarios de carrera o empleados contratados –escoltas, personal de servicio, asesores, conductores, etc.– que realizan servicios para el jefe del Ejecutivo también lo desarrollan para los miembros de su familia. Es decir, al hijo de un presidente le protegen miembros de la seguridad de su padre. O a la esposa también le sirve el desayuno el mismo personal que al marido. Solo faltaría. Pero hasta 2018 había una línea roja que ninguna de las consortes osó traspasar: usar recursos públicos para su actividad profesional privada.

Hasta junio de ese año, las seis esposas que pasaron por la Moncloa –Amparo Illana, Pilar Ibáñez-Martín, Carmen Romero, Ana Botella, Sonsoles Espinosa y Elvira Fernández– naturalmente se sirvieron del personal de Presidencia para cubrir sus necesidades vitales e institucionales. Pero no para hacer negocios. Cuando se cocinaba en Palacio, ellas disfrutaban de ese servicio y cuando nombraron asesores, estos las aconsejaron sobre protocolo y hasta sobre la decoración de las estancias privadas. Los jefes de Prensa también coordinaron sus entrevistas –escasísimas en todos los casos– y las acompañaron a actos institucionales. Lo que nunca hicieron es ocupar el tiempo de una asesora nombrada para cubrir faenas institucionales de la esposa presidencial, en gestiones con un vicerrector o con las empresas que patrocinaban sus ganancias mercantiles, negocios que emprendieron un camino de éxito al calor de los galones conyugales. Éxitos subvencionados para el ego y el fuero de la cónyuge del presidente del Gobierno que ahora investiga la justicia española.

Recordemos que la imputación de Gómez hizo que Sánchez se tomara cinco días de retiro voluntario en solidaridad amorosa con la «profesional independiente», la codirectora de una cátedra para la que no tenía méritos académicos. La misma que brujuleó entre el IBEX 35 y las multinacionales tecnológicas para que ayudaran a que florecieran sus proyectos, e incluso fomentó las bondades de empresarios que pagaban sus trabajos y que luego se beneficiaron de ayudas públicas. La esposa no era una profesional independiente, sino muy dependiente. Del esposo.

Anteriormente, la mujer de Aznar, Ana Botella, y de Rajoy, Elvira Fernández, pidieron excedencias en sus puestos para no dar lugar a situaciones delicadas. Botella llegó a mantener dos desempeños ajenos a su puesto público, pero su gestión no la llevaba ninguno de los funcionarios adscritos a ella, sino gente de fuera. Tampoco Carmen Romero abandonó su quehacer con la llegada de González al poder. Era profesora de Lengua y Literatura y siguió impartiendo clases, hasta que fue elegida diputada por Cádiz. La pareja de Zapatero, Sonsoles Espinosa, cantante de ópera, tampoco se apeó de su tarea. Siguió integrada en un coro, como parte de su agenda privada. Su secretaria en Moncloa nunca hizo gestiones con las óperas en las que participaba Espinosa.

Precediendo a todas ellas, las mujeres de Suárez y Calvo-Sotelo se centraron en tareas domésticas, sin ejercer labor profesional alguna, por lo que no tuvieron asesores públicos que se dedicaran a favorecer sus compromisos laborales. Ninguna de las seis hizo uso del personal público para su proyección profesional. No tuvieron obligación de dejar sus labores anteriores –aunque dos de ella sí lo hicieron–, pero tampoco tomaron el camino fácil de aprovecharse de su posición. Por eso nunca antes había hecho falta regular la figura del consorte; estaba en manos de la buena educación y el escrupuloso uso de lo público de las susodichas. El Gobierno socialista, que es el que ha incurrido en irregularidades, no quiere legislar sobre ello a pesar de que el Consejo de Europa ya instó a los gobiernos del continente a ampliar el alcance de la transparencia a «cónyuges y familiares» de los altos cargos del Ejecutivo.

Ninguna dama de Moncloa confundió los papeles en su provecho. Hasta que llegó ella. Begoña. Y ahora usa la tinta del calamar para sembrar dudas sobre otras. Hasta la Fiscalía le ha dado un pellizquito, que encierra un mensaje demoledor: «Más allá –dice en su escrito el Ministerio Público ante el juzgado de Peinado– de consideraciones éticas o estéticas, conveniencia o inconveniencia de ciertas actuaciones…».

Lo que está claro es que fueron inmorales, faltas de ética, poco estéticas y muy poco convenientes. La trascendencia penal vendrá después.