Un Gobierno de jueces
Al Tribunal Supremo no llega cualquiera. Para ser político, sin embargo, basta con colarse en la lista de algún partido y para ser ministro, vale con ser cajera
Hasta ahora sabíamos que cada español tenía un seleccionador nacional dentro. Cada vez que hay un Mundial o una Eurocopa, brotan los casi 50 millones de seleccionadores que habrían elegido a otros jugadores diferentes a los de De la Fuente, Luis Enrique, Del Bosque o el que toque en ese momento. Pero después de lo ocurrido esta semana, sabemos también que en España hay casi 50 millones de jueces. Y todos tan capaces, que son dignos de llegar al Tribunal Supremo y dictar sentencia en los casos más relevantes del país. Los españoles somos así: no tenemos ni repajolera idea de nada, pero opinamos de todo.
Una cosa es que el ciudadano de a pie diga lo que crea conveniente en la barra del bar y otra muy diferente es que haya miembros de todo un Gobierno que se pongan delante de los micrófonos a criticar el trabajo de una serie de personas que son, claramente, mucho más competentes que ellos. Al Tribunal Supremo no llega cualquiera, ni se alcanza dicho estatus por pensar de una u otra manera, sino por méritos obtenidos tras una larga y dilatada carrera judicial. Para ser político, sin embargo, basta con ir en la lista de algún partido (y en la del PSOE entró hasta la amiga de Ábalos, que valía «para algo más que para follar»). Para ser ministro se eleva el listón, hace falta ser cajera.
Da la sensación de que este Gobierno cree que la separación de poderes es algo que estudió en el colegio y que la política se debe entender como un partido de fútbol. Si estalla un caso de corrupción en el PP de Almería, sacan las banderas y bufandas, pero si se descubre que Ábalos y Cerdán han robado millones desde la cúpula del PSOE, se trata de cubrir con una manta y se mira para otro lado. Ganar el relato es mucho más importante que convencer a los españoles de que su política es mejor que la del otro, porque la Gurtel era un escándalo por el que Rajoy merecía una moción de censura y el caso Koldo, una nimiedad. Por eso era tan importante para su filosofía que el Tribunal Supremo absolviera al fiscal general, porque García Ortiz se limitó a seguir las órdenes de Moncloa con la intención de socavar a una rival política, en una acción impropia de una democracia. «Hay que sacar rápido la nota de prensa porque estamos perdiendo el relato», decía el ya condenado el día de autos. Y vaya si lo han perdido.
