De cómo la propaganda y el relato sanchista son una burla a los españoles
Tres meses después de su aprobación, el decreto ha quedado en nada al esgrimirse esa excepción «por el interés nacional», de tal forma que si, como se ha visto, convenía seguir adquiriendo material de defensa a Israel en aplicación de esa cláusula, el veto decaía
El real decreto que el Gobierno aprobó el último septiembre prohibiendo la compra de armamento y material de defensa a Israel, en protestas por la ofensiva contra Gaza, ha resultado una filfa expendida en su momento para consumo de extremistas anti israelíes y propalestinos. La prohibición, bendecida después solemnemente por sus socios parlamentarios en el Congreso, ha sido otra milonga más de este Gobierno, al incluir una excepción que la invalidaba: «el interés nacional».
Tres meses después de su aprobación, el decreto ha quedado en nada al esgrimirse esa excepción «por el interés nacional», de tal forma que si, como se ha visto, convenía seguir adquiriendo material de defensa a Israel en aplicación de esa cláusula, el veto decaía.
El camelo se ha revelado con la compra para las factorías de Airbus España de material tecnológico israelí, imprescindible, según el Gobierno, para no paralizar su producción y evitar poner en riesgo los puestos de trabajo de sus plantillas. Ese fue el interés nacional esgrimido y maquillado por la ministra de Defensa con la excusa de que lo adquirido no guarda relación con lo militar y defensivo, sino con la industria y el comercio. Una justificación que casa mal con la realidad al tratarse de material de uso militar o civil,en el ámbito de la defensa nacional, como programas y radares para aviones de transporte de largo alcance, así como para aviones, cisterna militares y de vigilancia marítima, además de drones. En suma, un decreto fake que supone otra mentira más de Sánchez a los españoles y a sus socios parlamentarios, cosa que ya no resulta ni sorprendente ni excepcional en quien vive instalado en la impostura permanente.
El decreto que supuestamente prohibía la compra de material defensivo a Israel nació envuelto en épica moral y ha terminado diluyéndose por «el interés nacional», ese comodín que todo lo justifica cuando la propaganda ya ha cumplido su función. En definitiva, un titular más para la galería y otro relato con el que Sánchez acredita que la comunicación precede a los hechos y estos acaban contradiciendo el mensaje. Un patrón que no es nuevo y que forma parte de una estrategia sistemática, consistente en la construcción de una narrativa que luego la propaganda de sus medios afectos difunde y trata de proteger con escudos sociales retóricos e informes de parte , como el reciente documento que niega la financiación ilegal del PSOE. Un informe hecho a medida como un traje, que Sánchez anunció tras ser pillado por la UCO su segundo hombre de confianza en el partido, Santos Cerdán, y que ha sido elaborado por dos expertos próximos a él, ideológica y políticamente El informe fue celebrado por los medios sanchistas y por algunos ministros socialistas como si fuera una absolución definitiva, obviando que la última palabra la dirá la justicia que investiga el supuesto blanqueo y presunta financiación irregular del partido, y que, por tanto, no pasa de ser un ejercicio de autodefensa sin valor independiente alguno.
Esta lógica es también aplicable a algunas medidas del llamado «escudo social», otro de los «totems» del sanchismo, con el que el gobierno protege a los ciudadanos más vulnerables, pero que en la práctica y en algunos casos supone que las políticas públicas las paga una parte concreta de la sociedad como, por ejemplo, los pequeños propietarios. Mientras Sánchez y Yolanda Díaz presumen de sensibilidad social prorrogando decretos sobre vivienda, los propietarios, –muchos de ellos jubilados o familias que dependen de esos ingresos–, ven cómo sus inquilinos declarados vulnerables sociales dejan de pagar sus rentas de alquiler sin que el Estado asuma su responsabilidad y el coste económico.
Por tanto, no es el gobierno quien protege a esos vulnerables, sino otros ciudadanos que cargan con el peso de la protección sin compensación económica ni amparo jurídico suficiente. Todo esto demuestra que la propaganda puede sostenerse durante un tiempo, pero los hechos, por más que se intenten ocultar, siempre terminan aflorando y evidenciando una burla a los ciudadanos. Y cuando lo hacen, como en estos casos, dejan al descubierto el modelo sanchista de poder más preocupado por el relato que por la coherencia y la honestidad políticas y más pendiente de la pancarta que de la realidad.
