Era un peligro electoral y el Gobierno lo negó

Con buen juicio, la Junta Electoral Central ha anulado el sistema de voto digital impulsado por el Gobierno, que básicamente carecía de las garantías necesarias para evitar cualquier fraude al permitir, por resumir, que cualquiera pudiera votar con una especie de fotocopia virtual sin los controles de calidad debidos.

En esta historia resultan inquietantes varias cosas. Para empezar, que el Gobierno regulara expresamente la reducción de las garantías previas vigentes y optara por su sospechosa reducción, como si quisiera minimizar la posibilidad de detectar un fraude.

Y, para terminar, la agresividad de sus terminales mediáticas y sus propios portavoces hacia las informaciones de El Debate, firmadas por Isabel Durán, que lejos de agradecerlas para eliminar el peligro, fueron manipuladas para esconderlo y purgar a la periodista como comentarista habitual de RTVE, desde el sectarismo rutinario en un ente público privatizado en beneficio de Pedro Sánchez.

Este bochorno, felizmente evitado, no puede hacer bajar la guardia sobre las múltiples dudas que genera el proceso electoral, iniciadas en 2023 con la extraña convocatoria de elecciones generales en pleno verano y aumentadas en el tiempo transcurrido desde entonces.

La regularización masiva de inmigrantes, la concesión de cientos de miles de nacionalizaciones, la intromisión en Correos con nombramientos partidistas, las injerencias en Indra o la devaluación de los controles en el voto digital conforman un paisaje de dudas sobre la calidad del proceso y las malas intenciones del Gobierno que, en una democracia, son inaceptables.

No basta con que nada se pueda técnicamente para adulterar un resultado electoral: además, es importante que nadie crea que puede hacerse, pues esa confianza en la limpieza del proceso es indispensable para cuidar la propia democracia.

Y eso no lo ha hecho Sánchez, sino todo lo contrario: a las decisiones formales que debilitan la confianza pública en la limpieza electoral se le añaden otras ajenas, pero relacionadas con ella, para conformar un contexto muy preocupante.

Porque la obscena manipulación de RTVE o del CIS, convertidas en máquinas de propaganda para tapar la realidad, proyectar un indecente edén sanchista y perseguir a quienes discuten ese escenario ficticio, forman parte del mismo impulso antidemocrático.

La oposición, las instituciones, los medios de comunicación y los juzgados han de velar por la decencia del proceso de voto, pero también por la confianza en él de los ciudadanos, muy devaluada por las andanzas de un poder político caracterizado por saltarse todas las líneas rojas.

La sensación de que, de no ser por El Debate, este abuso se hubiera consolidado, es suficiente para activar todas las alarmas y para poner bajo vigilancia a un Gobierno sin credibilidad que se hace la víctima cuando, en realidad, es el culpable de casi todo.