Yolanda, a pagar a Julio Iglesias
Hay quien confunde la inviolabilidad parlamentaria con una patente de corso para insultar impunemente. Luego vendrán los lloros, «la justicia patriarcal» y demás porquerías
La España de hoy es una gigantesca tertulia, en el peor sentido del término. Ejerce de tertuliano el periodista, al que se le pide opinión sobre algo que a menudo desconoce. Ejerce de tertuliano el taxista, que te explica por qué Cubarsí está perfectamente expulsado. Y ejerce de tertuliano el diputado, que ya puede durar un Pleno del Congreso ocho horas que, si logra colocar un eslogan de ocho segundos en TikTok, da por bueno el día.
Esta es, sin duda, la modalidad más perversa de tertulianismo, porque al político no le pagamos para ser ingenioso. Ni para ser creativo. Tampoco para que corra a Twitter a comentar las noticias, que es lo que le pasó a Yolanda Díaz y le puede costar un disgusto.
Dentro de diez días, la vicepresidenta y ministra de Trabajo tendrá que responder en un juzgado por acusar a Julio Iglesias de abusador sexual y de generar en su propio hogar «una situación de esclavitud con una estructura de poder basada en la agresión permanente». Díaz tendrá que decir si mantiene lo dicho o si se retracta. Será, como dicen los castizos, morir a pistola o morir a revólver. Si se retracta, confirmará lo que es: una bocazas a tiempo parcial. Si se mantiene en lo dicho, podría indemnizar al cantante por un posible delito de injurias y calumnias.
Luego vendrán los lloros, «la justicia patriarcal» y demás porquerías. Decía Julio Camba que «el español es un hombrecillo débil y violento, uno de esos cascarrabias chiquirritines (...) que asestan puñetazos heroicos a las mesas de los cafés y luego comienzan a dar gritos porque se han hecho daño». Pues en eso está Yolanda Díaz, doliéndose de la mano zurda: muy valiente en Bluesky –el Twitter de izquierdas– pero ya veremos cuánto en el juzgado. O también Ione Belarra, que ya no nos acordamos, pero que en junio irá a juicio por llamar «corrupto» y prevaricador al juez Manuel García-Castellón, que le pide 240.000 euros en concepto de indemnización y que ojalá se los gane, aunque salgan indirectamente de nuestro bolsillo.
Al político, decía, no le pagamos para opinar de Lamine Yamal ni de Julio Iglesias. Le pagamos para que resuelva los problemas de la forma más rápida y económica posible. En definitiva, para que el tren llegue en hora. Pero hay quien confunde la inviolabilidad parlamentaria con una patente de corso para insultar impunemente durante cuatro años. Y eso no funciona así, afortunadamente.
