Nadie podrá decir que no se avisó

A menudo se cree que un país tercermundista puede dejar de serlo de la noche a la mañana. ¡Como si un conjuro pudiera otorgar a las naciones más subdesarrolladas todos los complejos componentes que necesita la civilización! De ese pensamiento mágico brotan las delirantes ideas que sostienen que basta con enviar miles de millones de euros a los países subdesarrollados para que estos dejen de serlo. La realidad, sin embargo, nos demuestra que no es así. Si llegado el punto se le otorgara todo el PIB de Estados Unidos a un país como Burundi o Somalia, estos no serían capaces de dejar de lado la pobreza, la inseguridad y la realidad social que padecen. Y no lo harían por una sencilla razón: la falta de valores morales de su pueblo y su incapacidad para pensar como un conjunto de individuos destinados a compartir su futuro.

Lo que sí ocurre a menudo es que un país civilizado deja de serlo en cuestión de unos pocos años, cuando no, en meses. El caso de España es uno de esos casos. La sociedad española ha decidido dar por «normal» contar con un Estado podrido hasta el tuétano. Ya nadie se escandaliza cuando la directora de la Guardia Civil es imputada por haber colaborado con la mafia sanchista. Nadie parece escandalizarse por haber tenido un fiscal general del Estado que era un delincuente. A prácticamente nadie le resulta gravísimo que el expresidente y la actual presidenta de la SEPI sean cómplices del crimen. ¡Las putas, las putas de Ábalos! Eso sí, en eso la charca española es experta en escandalizarse por lo menos grave que hemos vivido. Y es que las corruptelas de Ábalos y Koldo obedecen a algo propio de la naturaleza humana. No existe, ni existirá, ninguna institución compuesta por humanos que esté exenta de tener un par de jetas en su seno. Lo máximo que se puede hacer es pillarlos y encarcelarlos hasta que aparezcan los siguientes.

Ahora bien, que una nación entera abrace la corrupción institucional y asuma esta como su pan de cada día es un claro síntoma de tercermundización. Comentamos en un artículo anterior que la civilización podría definirse como la capacidad de certeza que tiene un pueblo en su día a día. La certeza de saber que uno sale de su casa y llegará al trabajo porque por el camino nadie lo va a secuestrar. La certeza de saber que uno atraviesa un túnel y este no se derrumba. La certeza de que miles de coches pueden cruzar un puente a diario y resistirá. A fin de cuentas, la certeza es la civilización. Lo contrario, la incertidumbre, es el tercermundismo.

Pero hay un componente propio de la civilización que debemos sumar: la confianza en las instituciones. Esta confianza es fundamental para el complejo engranaje que hace que una nación funcione o, por el contrario, colapse. Esa confianza pasa por asumir que aquellos que están al frente de hacer cumplir la ley la cumplan, no que se sumen a una mafia para liquidar a los agentes de la UCO que se dejan la piel en perseguir el mal. Pasa por tener un fiscal que quiera hacer justicia y no que se dedique a filtrar información confidencial con fines políticos. Pasa por tener unos gobernantes que busquen el bien común y no el bien particular llevándose comisiones de obras públicas. Pasa, por poner otro ejemplo, por saber que los jueces y la Policía son insobornables y no una policía política que actúe al son de Marlaska. Podríamos sumar a la lista innumerables casos propios de un país civilizado, pero todos ellos se han dado por sentado durante muchos años en España.

Desafortunadamente España –gracias al voto de la mayoría de los españoles– ha decidido convertirse, con la repulsiva legitimidad democrática de las urnas, en un país tercermundista. Y lo ha hecho aceptando que una mafia los gobierne. Esa, y no otra, es la gran fortaleza de Sánchez: gobernar una sociedad de paniaguados que prefiere vivir en una fosa séptica progresista con el propósito de frenar a «la ultraderecha».