Deslegitimaciones preventivas

El Gobierno sabe que, en principio, si no acontece algo grave, inesperado o irregular, que puede suceder, perderá las elecciones. En realidad, Pedro Sánchez no las ha ganado nunca. Por eso, se apresura a ir preparando la eventual deslegitimación de la victoria electoral de la derecha.

Existen unos elementos preparatorios y otros, sobre todo uno, fundamentales. En primer lugar, las imaginativas encuestas del CIS que, aunque puedan ser desmentidas por los resultados, pueden ser invocadas en el caso de que algún factor irregular provoque un vuelco en las urnas. En cualquier caso, crean un falso clima favorable al Gobierno que puede animar a votantes vergonzantes o desanimados.

En segundo lugar, la acusación al PP de llevar a cabo una campaña sucia contra el Gobierno y aliarse con la extrema derecha. Una campaña de mentiras, falsas imputaciones y de manipulación de la Justicia favorecería un ambiente de deslegitimación de la victoria.

En tercer lugar, la agitación callejera violenta contra la oposición, promovida o alentada por el Gobierno, se exhibirá como demostración de la distancia abismal entre el PP y las principales reivindicaciones ciudadanas. El caso más importante es la protesta contra los desahucios, la acampada y las manifestaciones violentas que concluyen con una esperpéntica huelga general convocada en vísperas electorales, no contra el Gobierno, que es el primer responsable, sino contra la oposición.

El reciente caso de Vitoria da prueba de la sinrazón. El desahucio decretado por un juez de una familia con seis hijos y muy considerables ayudas sociales ha vuelto a encender la violencia de quienes ignoran, o así lo parece, que el propietario solo tiene esa vivienda y vive en una habitación con su mujer embarazada y un hijo.

El decreto del Gobierno confirmaría la legalidad del desahucio. También son significativas las protestas en el ámbito de la educación pública, en lugares muy concretos y en fechas muy precisas.

En cuarto lugar, la llamada ley de nietos, cuya aplicación provocaría una gran modificación del censo, sin las garantías necesarias. Este proceso, que podría tener sentido si se aplica con prudencia y conforme a Derecho, y no solo para los exiliados del franquismo, realizado con prisas, según la insensata ley de memoria democrática, y sin garantías, tiene todos los visos de ser un fraude electoral.

Discernir la situación de estos eventuales nacionalizados es algo que llevaría mucho tiempo y, desde luego, mucho más de la fecha de celebración de las elecciones. El Tribunal Constitucional, incluso según su presidente, no podía intervenir en un caso que estaba bajo la jurisdicción. La presentación del recurso por el Defensor del Pueblo, él sabrá por qué, no ha servido para nada, pero solo de momento.

En quinto lugar, no puede pasar inadvertida la gravedad de la declaración del ministro de Justicia, Óscar Puente, llena de finura y sentido jurídico, invocando la necesidad de detener al fascismo en las urnas para evitar que las calles ardan durante los próximos cuatro años.

El ministro sutil, si se le hace ver la monstruosidad democrática que ha proferido, intentará echar improperios fuera diciendo que era solo un pronóstico y una advertencia. No. No es solo eso. Porque, si lo fuera habría, descalificado automáticamente esa actitud violenta de no aceptar el resultado electoral y habría anunciado su decisión de apoyar al vencedor. No. Lo que afirma es que el partido mayoritario de España es fascista.

Y, por supuesto, el tercero también lo es. Ignoro qué idea del fascismo albergará la cabeza ministerial. Y, como el fascismo es naturalmente ilegítimo y antidemocrático, en el caso de que llegara a ganar las elecciones, la oposición democrática estaría legitimada para derrotarlo en las calles. Quizá nadie lo había expresado con mayor brutalidad o sinceridad involuntaria: la democracia se acepta a beneficio de inventario. Depende del resultado.

Pero es la más coherente explicación de lo que está pasando. La izquierda deslegitima a la derecha y no aceptará su triunfo. Para esta izquierda, la derecha no es legítima ni democrática. Entonces, el triunfo de la derecha no puede ser legítimo ni democrático. La gravedad de esto no puede ser exagerada. La derecha no puede gobernar. O por las buenas, o por las malas.