Conciencia tranquila

La sucesión, en los últimos tiempos, de acontecimientos que han puesto en riesgo la vida y la seguridad de las personas, causando daños materiales y personales, obliga a plantearse quien responde de los daños causados. El artículo 106,2 de la Constitución, inserto en el título que trata sobre el Gobierno, consagra el derecho de todo ciudadano lesionado en sus bienes y derechos a ser indemnizado, excepto caso de fuerza mayor, y especialmente cuando la lesión tiene su origen en el funcionamiento de los servicios públicos. Consagran las leyes una suerte de «responsabilidad objetiva» de quienes ocupan cargos de servicio público.

Sin embargo, la ministra Aagesen de Transición Ecológica, la directora de la semipública Red Eléctrica, Beatriz Corredor, han declarado que tienen la conciencia tranquila. También presumen de «conciencia tranquila» el fiscal general del Estado imputado por revelación de secretos, el delegado del Gobierno en la capital investigado por malversación de caudales públicos y en general todos aquellos señalados como responsables de un daño causado en la esfera y ejercicio de sus competencias.

Para tener la conciencia tranquila después de lesionar a otras personas, no es requisito indispensable, aunque ayuda, ser psicópata. Es suficiente con carecer de conocimiento para discernir qué es el bien y qué es el mal. Nada anula tanto esa capacidad como la concurrencia en el ánimo del sujeto de la avaricia, la autoprotección y la fe en una creencia o ideología, como sucede en las sectas o en la mafia.

Aunque hayan llegado a cargos públicos, inexplicablemente, sujetos, y sujetas, carentes de responsabilidad moral, ahí están las leyes para recordarles su responsabilidad objetiva, derivada del cargo. Es de suponer que conocían que esa era una de las razones del precio tan alto por sus servicios.