La polémica sobre el aforamiento

A raíz del Aforamiento in extremis del secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, para evitar que sea la Sección de lo Penal de La Audiencia Provincial de Badajoz, el órgano judicial colegiado competente para enjuiciarlo, y por mor de su nueva condición de diputado autonómico, lo sea la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia, con muy posibles afectaciones a los no aforados, igualmente procesados, especialmente el principal, hermano del presidente del gobierno, se está planteando la posibilidad de restringir, que no suprimir, esta figura procesal de competencia jurisdiccional en nuestro ordenamiento jurídico.

Estoy leyendo muchos argumentos de expertos, tanto en pro como en contra del aforamiento y como jurista procesalista que soy, creo que se está desviando el tema. Porque no estamos, en este caso concreto, si «aforamiento sí o no». De lo que se trata es de si un político puede, a su libre albedrío y en el momento procesal que mejor le convenga, aprovecharse de los indudables privilegios que conlleva sustraer del juez ordinario predeterminado por la Ley su propia competencia, para elevarla a un tribunal superior. Por cierto, también Gallardo podría haber optado por ser nombrado, in extremis, senador por la comunidad autónoma y, ahora sería la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Posiblemente no lo haya contemplado o no se lo hayan aconsejado. Cualquiera sabe.

El aforamiento está regulado como una garantía extra de mayor seguridad, para determinados cargos «en el ejercicio de sus funciones». No como un as debajo de la manga para sacarlo a capricho. Que es lo que, realmente, ha acontecido y no sólo para beneficio exclusivo del político en concreto, sino también para el auténtico protagonista principal de esta causa, con apellido Sánchez. Que también se puede ver beneficiado, sin ser aforado.

La Justicia es y debe ser igual para todos, sin discriminación alguna por razón de parentesco o de ideología. Confío, plenamente, que el Tribunal Superior de Justicia lo tendrá muy en cuenta.

Y también espero que este desafuero, moral y político, haga pensar en la necesidad de reformar las leyes oportunas, para que no se convierta el aforamiento en una «merienda de negros» y en un desprecio al concepto material de la Justicia en España.