El indulto a García Ortiz

Sin perjuicio del respeto a todas las personas condenadas y su derecho a ser indultado, es muy importante aclarar lo que significa ser indultado.

Cuando el Gobierno indulta a un condenado en sentencia firme, como sería el caso del ex fiscal general del Estado, solo se indulta las penas impuestas. No borra el delito por el que ha sido condenado.

¿Qué implica? Pues que el Gobierno y el solicitante de la petición del indulto, ya sea el propio interesado o terceras personas, en su nombre, están reconociendo la existencia del delito. Ya no tendría sentido seguir con el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional porque le priva, automáticamente, y de forma sobrevenida, de objeto. Son dos vías alternativas para conseguir el dejar sin efecto las penas impuestas en sentencia firme. Pero incompatibles.

Esto es así. Y está en su derecho el señor García Ortiz de pedir o aceptar que otros pidan que le indulten, como cualquier otro condenado. Y es un derecho «graciable» por parte del Gobierno de turno. Seguramente lo indultaran, de lo que no me cabe duda.

Podría citar indultos a personajes muy famosos, desde la reinstauración de la democracia en este país, pero no se trata de desviar la cuestión principal y hacer comparaciones. El indulto a García Ortiz sería otro en esa lista.

Por otra parte, la afirmación del ministro López de llamar prevaricadores a jueces o magistrados que dictan sentencias contrarias a los intereses mediáticos del entorno de su partido y gobierno, es contrario al espíritu y a la Ley que regula el indulto. No se puede prevaricar en una sentencia ajustada a Derecho. Salvo que, en lugar de tramitar el indulto, presenten, por la vía procesal oportuna, la correspondiente querella criminal contra los magistrados que piensen que han prevaricado. De lo contrario, está calumniando injustamente, no sólo a unos magistrados del Tribunal Supremo, o de su entorno, como ha manifestado el señor López y reafirmado, sino insulta y le falta el respeto obligado al tercer poder del Estado, a la separación de poderes y, por todo ello, al Estado de derecho. Que lo haga un ministro de España es una aberración jurídica y antidemocrática, de lo peor que se ha visto en España desde la proclamación de nuestra vigente Constitución.