El voto de la discapacidad

Actualmente estamos muy preocupados por la Ley de Nietos que pueden variar las urnas electorales y esta nueva ley está encaminada a ello, es decir, a variar el resultado del voto de la manera más ruin y maquiavélica que se ha conocido desde que en el año 1978 se aprobó La Constitución en España y todos nos llamamos democráticos, sin imaginarnos que tendría que pasar varios años para que nos encontráramos ante hechos tan insólitos. Pero todo esto se está cociendo desde que llegó de nuevo al poder el Sr. Presidente actual, ya que, en el año 2018 se aprobó la Ley Orgánica 2/2018 de 5 de diciembre para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985 de 19 de junio, del Régimen Electoral General para garantizar el derecho de sufragio de todas las personas con discapacidad, es decir, tengan la discapacidad que tengan y sea su coeficiente intelectual el que se tenga o la minusvalía con la que hayan nacido, sea la que sea, pueden votar.

Tengo un único hermano y desde que nació presenta una parálisis cerebral profunda con un grado de minusvalía del 98%, no oye, no se vale por sí mismo y está en una Residencia de Minusválidos Psíquicos y Físicos de la Comunidad de Madrid donde también residen personas que como él no pueden valerse y además tienen una discapacidad muy alta de tal manera que lo único que entienden es de cariño y amor que se les dé y que ellos dan a todo el mundo, pero de ninguna manera saben de política ni votos ni de partidos políticos. Pues bien, ellos pueden votar sin ningún problema y legalmente y para que estas personas puedan votar tienen que ir acompañados de los tutores o curadores que se hacen cargo de ellos y llevarles a votar indicándoles todo desde la papeleta que tienen que aportar hasta la urna donde la deben depositar ¿es esto normal y democrático? La sensación es que los tutores y/o curadores estaríamos votando doble.

Estas personas totalmente indefensas también fueron usados en su momento para variar resultados de las urnas pero no les debió de salir como se esperaba y no han vuelto a levantar la voz para, según el Gobierno de entonces, «garantizar el derecho de igualdad de trato y discriminación para todos los ciudadanos y ciudadanas con discapacidad», que por otro lado ignoran.