Sánchez no puede gobernar gracias a los enemigos de la Monarquía
Quemar fotos del Rey, como silbar al himno o a la bandera, no nacen de un debate teórico equivocado pero legítimo, si se encauza con respeto a los procedimientos constitucionales, sobre la forma de Estado que se considera más positiva. Sino de una intentona burda por acabar con el propio Estado
Todos los aliados independentistas de Pedro Sánchez han introducido una enmienda en el anteproyecto de ley de Memoria Democrática, en fase de aprobación, con la que pretenden señalar a la Corona española y eliminar, nada menos, el título de Rey.
Que la propuesta sea delirante y tenga escasas opciones de prosperar no le resta gravedad, no tanto por la identidad y la mediocre representatividad de los promotores cuanto por su relevante papel en la gobernación de España.
A quien retrata la pretensión de transformar la institución más emblemática de los valores democráticos e históricos de la Nación en una imposición del franquismo no es a ERC, Junts, Bildu, el BNG, el PdeCat o incluso las CUP, instaladas en su habitual desvarío; sino al presidente que les ha dado una ascendencia sin precedentes en Moncloa pese a su limitadísima fuerza parlamentaria real.
El acoso a la Corona, representada por Felipe VI con una dignidad nacional y una proyección internacional impagables, es en realidad un ataque contumaz a la propia idea de España, pues en ella identifican al principal obstáculo a sus planes.
Quemar fotos del Rey, como silbar al himno o a la bandera, no nacen de un debate teórico equivocado pero legítimo, si se encauza con respeto a los procedimientos constitucionales, sobre la forma de Estado que se considera más positiva. Sino de una intentona burda por acabar con el propio Estado.
Algo inviable, por evidente que sea la debilidad y el entreguismo del jefe del Gobierno, pero en todo caso indignante: hay ciertas ideas que se deben combatir y anular con independencia de su peso, pues la mera tolerancia ayuda a legitimarlas y siembra una peligrosa semilla que ninguna Nación seria tolera por razones evidentes.
En el caso que nos ocupa, la utilización de una ley que de por sí es lamentable, pues reescribe una memoria hemipléjica con fines ajenos a los formidables valores de reconciliación apuntalados por la Constitución, sería inviable sin la complicidad por acción u omisión del actual Gobierno.
Es él quien tolera y avala a un socio como Podemos, abierto defensor de la demolición del «régimen del 78». Es él quien se deja intervenir por partidos separatistas cuyo único interés es transformar al presidente en un rehén de sus pretensiones. Y es él quien ha asumido que se despenalicen las injurias contra el Rey, en la misma dinámica perversa que empieza a legislarlo todo en España a favor del exceso, el abuso o incluso el delito.
Por todo ello, más allá de que sea inviable la escalada antimonárquica de la coalición separatista que la respalda, hay que tomar nota de cómo la alimenta Pedro Sánchez y de cuáles pueden ser sus consecuencias.
Desde la tranquilidad que da la certeza de que una abrumadora mayoría de españoles respalda a la Monarquía Parlamentaria, desde luego. Pero también desde la precaución que comporta la certeza de que, con Sánchez, no hay concesión vetada si en ello se juega su propia supervivencia.
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