Los indultos y las cacicadas de Batet, un apaño de Sánchez
El Debate ha demostrado que los indultos de Sánchez fueron un burdo apaño para intercambiar favores políticos a costa de degradar el Estado de derecho y pisotear al Tribunal Supremo y al Tribunal Constitucional
El Debate ha logrado demostrar documentalmente, pese a la resistencia y ocultismo del Gobierno, cómo la operación política de los indultos a nueve dirigentes catalanes fue una obscena componenda de Sánchez para lograr su propia Presidencia y la aprobación, entre otras cosas, de los dos Presupuestos Generales del Estado que llevan su firma.
Durante meses las causas que esgrimió el presidente para anular las sentencias del Tribunal Supremo, por delitos contra la Constitución tan graves como la sedición, permanecieron escondidas para la opinión pública, un indicio suficiente de la poca confianza que tenía el propio Sánchez en ser capaz de hacer entender a la sociedad su evidente apaño.
Que ahora queda claro al conocerse cómo se sirvió de recortes de la prensa afín, de opiniones tan irrelevantes y entreguistas como las de los sindicatos o incluso de los barómetros del «CIS» catalán para adornar un expediente infumable, contrario al espíritu de la ley y sustentado, en exclusiva, en el interés personal de Sánchez.
Ni la convivencia ni la hegemonía de la Constitución han salido reforzadas de un burdo cambalache que, al contrario, solo ha servido para legitimar la deriva antisistema de los separatistas, que lejos de renunciar a sus objetivos han visto cómo quedaban legitimados e impunes.
¿O acaso, cuando cumplan su profecía y vuelvan a intentarlo, no podrán alegar el blanqueamiento político concedido por Sánchez como prueba y antecedente de su en realidad inexistente derecho a la ruptura?
La información lograda por El Debate, tras meses de esfuerzo por derribar el muro secretista de la Moncloa, pone de manifiesto además el desafío del Gobierno a la Justicia y, por tanto, a la separación de poderes, eje de una democracia sana.
Porque además de anular el arduo trabajo del Tribunal Supremo e ignorar el plácet del Tribunal Constitucional a sus condenas, lo hizo con argumentos destructivos sobre su papel, indiciarios de la opinión que le merece la independencia judicial.
Que todo un ministro de Justicia denigre el criterio de tan altos tribunales y los trate de meras comparsas subordinadas a una autoridad política mayor, la de Pedro Sánchez, es inconcebible en un Estado de derecho solvente. Y que lo haga a la vez que esconde las razones de este «pucherazo», definitorio de la escala de prioridades y valores del Gobierno.
Añadamos a ello la cacicada perpetrada por la presidenta de la Mesa del Congreso por la que ha cambiado la norma que rige la elección de miembros de la Comisión de Secretos Oficiales. Hasta ahora debían ser elegidos por 210 votos: 3/5 de la Cámara. Desde hoy y por vía exprés, se reduce a mayoría absoluta con lo que Sánchez abre las puertas de las interioridades de la inteligencia nacional de Bildu o ERC. Una vez más, Sánchez demuestra que es capaz de rendir lo que haga falta con tal de mantenerse en el poder. Hasta el Centro Nacional de Inteligencia.
El Debate es consciente de la relevancia de estos hechos, pero sobre todo de la necesidad de que el resto de poderes ejerzan su función constitucional y pongan freno, con la ley en la mano, a la inquietante deriva del presidente, cuya actuación sobrepasa a menudo los límites previstos para su cargo y se adentra en el terreno del capricho, la negligencia, el ocultismo y la irregularidad.
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