La Justicia debe renovarse, no rendirse a Sánchez

El Gobierno ha iniciado su enésima ofensiva contra el PP para intentar, por todos los medios, que se doblegue a su confesado deseo de controlar el Poder Judicial para ponerlo al servicio de los intereses de Pedro Sánchez.

No es ésta una conclusión arriesgada, sino el resultado de poner en secuencia todas las decisiones que, en este ámbito, ha ido adoptando Pedro Sánchez: anuló a la Abogacía del Estado, para engrasar los indultos a los nueves condenados del procés; asaltó la Fiscalía General designando a una ministra de su Gabinete; intentó modificar la ley de renovación del Consejo General para adaptarlo a su mayoría insuficiente con Podemos; paralizó su actividad al no lograr su objetivo; volvió a inventarse una reforma exprés para poder nombrar a dos magistrados propios en el Tribunal Constitucional y, entre medias de todo ello, ignoró con desprecio las protestas formales de la Unión Europea y de todas las asociaciones de jueces, fiscales y abogados de España.

Oponerse a que Sánchez culmine ese asalto a la separación de poderes no es una opción, sino una obligación de una oposición seria, por mucho que arrecien las presiones de Moncloa y de su formidable aparato mediático, ese que considera inconstitucional resistirse al evidente abordaje y perfectamente legítimo culminarlo.

Porque a todos los despropósitos de Sánchez en este ámbito, hay que añadirle la certeza de cuáles son sus intenciones: basta con recordar las sanciones y resoluciones que acumula del Tribunal Constitucional, de la Audiencia Nacional o del Consejo de Transparencia y sobra con refrescar sus impulsos liberticidas, presentes en la nueva Ley de Secretos Oficiales o en la concesión de indultos en contra del Tribunal Supremo, para entender qué pretende un presidente con una preocupante deriva cesarista.

Que no es otra cosa que someter al contrapoder que, junto a la prensa, mejor define el equilibrio democrático en un Estado de derecho. Renovar el órgano de gobierno de los jueces es relevante, sin duda. Pero mucho más es hacerlo con arreglo a un criterio de independencia y autonomía que le permita a la sociedad confiar en la pulcritud de la Justicia y consolide la existencia de barreras al autoritarismo de Sánchez.

El PP no debe liarse en la polémica artificial que el Gobierno quiere crear entre Casado y Feijóo; pero sí debe explicarle claramente a la ciudadanía su postura, lo que está en juego, lo que pretende Sánchez y lo que, por el contrario, defiende la oposición.

Que no es otra cosa, ni puede serlo, que alejar el poder Judicial del Ejecutivo, en la línea que imponen Bruselas, el sentido común y los valores democráticos. Todo ello puesto en duda por un presidente pasajero que cree que el Estado, en su conjunto, es una simple herramienta a su servicio.