Sánchez y Puigdemont maniatan al CNI en Cataluña
No solo cuentan con amnistía, mediador internacional y referéndum, sino que pueden hacer los que le venga en gana en contra de la Constitución porque nadie va a contar con los servicios de inteligencia e información para informar a las instituciones nacionales y europeas de las andanadas que el separatismo prepara
Son suficientemente conocidos los términos del acuerdo contraído entre el PSOE y Junts para permitir que Sánchez adquiriera los votos necesarios para ser elegido presidente del gobierno. En muchos aspectos, y con la última finalidad de garantizar la independencia de Cataluña, recorren el camino marcado por la amnistía, el mediador internacional, el referéndum y finalmente la autodeterminación. Todo ello acompañado por las generosas dádivas económicas que, bien con Junts o con Esquerra, crean en la región un marco privilegiado de goce y disfrute de los impuestos que recaen sobre todos los españoles, como si se tratara de un mérito adquirido por alguna razón sobrenatural a la que el PSOE parece haberse sumado con gusto.
Pero, en realidad, quedan otros aspectos del trato no suficientemente conocidos por la opinión pública y dignos de ser aireados y evaluados para el conjunto de la ciudadanía de este país. Y, aunque parezca elemental recordarlo, sus mejores descripciones se encuentran en el discurso que Puigdemont pronunció el 9 de noviembre cuando fueron conocidos los términos en los que Sánchez compraba su apoyo para la investidura al prófugo de Waterloo. En un contexto en el que bien se puede imaginar la euforia con la que el presunto delincuente pronunciaba su alocución, constata con evidente alegría la voluntad del PSOE para aceptar algunas condiciones. Entre ellas, y citamos textualmente, «la eliminación del independentismo como objetivo de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en la dirección de inteligencia aprobada por el Gobierno español».
La «dirección de inteligencia», documento clasificado al que parece haber tenido acceso el Puigdemont perseguido por la justicia española, contiene, en un formato anual, las misiones específicas en las que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) debe concentrar su atención en el desarrollo de sus funciones. Así venía ocurriendo desde hacía años, e incluso décadas, con una finalidad evidente: procurar el conocimiento de todas las acciones ilegales llevadas a cabo por las formaciones separatistas catalanas en contra de la integridad constitucional española y consiguientemente gravemente lesivas para el mantenimiento de la seguridad en todo el país. En ese terreno, la labor desarrollada por el CNI contribuyó de manera significativa a la articulación de la respuesta gubernamental contra los desórdenes violentos que los separatistas catalanes, bajo la dirección de Puigdemont y sus secuaces, organizaron en 2017 con la ocasión del llamado procés independentista. Lo que ahora nos transmite el prófugo es su satisfacción por lo conseguido: el CNI a tales efectos ha sido maniatado en Cataluña. Naturalmente con el beneplácito de Sánchez y el acuerdo de la ministra de Defensa, Robles, responsable gubernamental del servicio de inteligencia.
Para redondear la tarea, el mismo prófugo nos cuenta, en la misma onda, y la cita es también literal, que otra de las condiciones aceptadas es «la supresión de toda referencia al independentismo en el informe de Europol». Tanto como narrar lo evidente: tampoco del gobierno Sánchez facilitará ninguna información dirigida al servicio de policía europeo sobre las actividades ilícitas e ilegales de los separatistas catalanes.
De manera que no solo cuentan con amnistía, mediador internacional y referéndum, sino que además pueden hacer los que le venga en gana en contra de la Constitución española, porque nadie va a contar con los correspondientes servicios de inteligencia e información para informar a las instituciones nacionales y europeas de las andanadas que el separatismo prepara.
¿Hay quien dé más?
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