Suma y sigue
La nueva ley que se pretende, no solo castiga a quienes públicamente expresan su oposición a la muerte violenta de un ser vivo, sino que el autoritarismo imperante, como sucedió en Valencia, prohíbe incluso cualquier tipo de publicidad no acorde con su proyecto ideológico
La censura impuesta por el ayuntamiento de Valencia y los de otras importantes ciudades españolas a la campaña contra el aborto impulsada por la ACdP, es sencillamente el enésimo refrendo de la deriva totalitaria impuesta en España por los partidos políticos que conforman la vigente coalición de gobierno e integran la mayoría parlamentaria que la sustenta.
Es un error manifiesto circunscribir en exclusiva al Gobierno de España a o la persona de su presidente, la responsabilidad única en las iniciativas y decisiones que progresivamente van mermando el régimen de libertades de la sociedad española.
Desde hace varios años, el día a día nos demuestra cómo las mismas conductas de abuso e intolerancia que practica el Gobierno de Sánchez se aplican en todos los ámbitos de gobierno que dirigen los partidos que votaron a favor de la investidura de la actual coalición social-comunista y que apoyan su programa de gobierno, un proyecto rupturista con las pautas de convivencia establecidas en la Transición y plasmadas en la vigente Constitución.
Ya sea desde los ayuntamientos, como en el caso que nos ocupa del arbitrario atropello efectuado por el consistorio valenciano, ya sea desde las autonomías o desde el propio Gobierno central, cualquier discrepancia con la línea oficialista y ya no digamos, cualquier alternativa al modelo social y político imperante, son inmediatamente desacreditadas por la omnipresente maquinaria oficial de propaganda, llegando incluso a ser vetadas o sancionadas, aunque cuenten con el amparo, el respaldo y la legitimidad de leyes y tribunales.
Las minorías, diversas entre sí hasta la contradicción más absoluta, consiguen ley tras ley imponer sus modelos de convivencia, siempre obviando a los discrepantes, negándoles el reconocimiento, el respeto y la tolerancia que en su momento exigieron para ellas mismas y que paradójicamente las mayorías graciosamente les concedieron por pura convicción democrática.
Y las nuevas leyes, nunca nacidas del consenso tan propio de los pretéritos tiempos de la Transición, se acompañan siempre de capítulos y artículos punitivos que castigan no solo a quienes incumplan sus preceptos, sino también a los que defiendan un modelo alternativo o propugnen su modificación, resucitando un autoritarismo de tiempos pasados que creíamos olvidado.
Tal sucede en la defensa del derecho a la vida. La nueva ley que se pretende, tal como hemos expuesto, no solo castiga a quienes públicamente expresan su oposición a la muerte violenta de un ser vivo, sino que el autoritarismo imperante, como sucedió en Valencia, prohíbe incluso cualquier tipo de publicidad no acorde con su proyecto ideológico.
El desmán cometido por las autoridades valencianas es un episodio más, una parte de un todo que paulatinamente va imponiendo en España un nuevo modelo de sociedad, donde la arbitrariedad de hoy, amortiza y hace olvidar el exceso implantado ayer, que así adquiere naturaleza de irreversibilidad.
- Francisco Vázquez Vázquez fue alcalde de La Coruña
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