En primera línea Emilio Contreras

¿A quién le han dado el dinero?

La opacidad con la que el Gobierno está repartiendo los fondos europeos arroja una sombra de sospecha de amiguismo, sectarismo y parcialidad que una democracia no debe tolerar

Son exactamente 140.000 millones. Esa es la cantidad que la Unión Europea se ha comprometido a dar a España en cinco años, entre 2021 y 2026. Es casi el 19 por ciento de los 750.000 millones que la Unión ha tenido que pedir prestados en los mercados de capitales para ayudar a los 27 países que la integran. Son los Presupuestos Next Generation, destinados a restañar la economía europea, quebrantada por la epidemia de la covid cuando acababa de salir de la crisis financiera de 2008. Tienen como objetivo la recuperación económica, el empleo y la modernización de la economía de los 27 con un énfasis especial en la digitalización.

De esos 140.000 millones, 70.000 son a fondo perdido, y el resto tendremos que reembolsarlos a la UE a lo largo de 37 años hasta 2058. Pero la realidad es mas dura. También habrá que reintegrar los que son a fondo perdido porque como la Unión tiene que devolver la totalidad de los 750.000 que ha pedido prestados y carece de impuestos propios, antes o después tendrá que recurrir a aportaciones extraordinarias de los países miembros, que se verán obligados a aportar los otros 375.000 millones por un procedimiento del que todavía nada sabemos.

Estos 140.000 millones son un alivio para la economía española, pero también una carga porque hay que devolverlos. La deuda pública del Estado español es ahora de 1,5 billones de euros, y el Tesoro Público tiene previsto pedir prestados solo este año otros 70.000 millones. Pronto superaremos los 1,7 billones de deuda. Este es el panorama.

Sabemos que de los 53.000 millones aportados hasta ahora por la UE solo se ha desembolsado el 23 por ciento, unos 12.000 millones, debido al cuello de botella que están sufriendo a lo largo de su tramitación administrativa, porque la capacidad de gestión de nuestras autoridades es manifiestamente mejorable. No solo hay que saber pedir, también hay que saber gastar cumpliendo los trámites y los controles que aseguran un uso correcto del dinero. Además, el 25 de enero, la presidenta de la Comisión de Auditoría del Parlamento Europeo, Monica Holmeier, reconoció que no sabía dónde estaban 11.000 millones que la UE entregó a España en 2022: «¿Dónde está el dinero que hemos entregado?». Como indicio, es preocupante.

Pero el problema más grave que plantean los fondos New Genaration no son ni el endeudamiento añadido, ni la ineficiencia gubernamental para invertirlos. Es su control. La Unión Europea exige que las entregas de dinero se hagan tras un análisis de los proyectos y un seguimiento de cómo se gasta. Pero además del control técnico y contable que ejerce la UE, tiene que haber otro de las instituciones del Estado español para garantizar la neutralidad y la imparcialidad del Gobierno en la concesión de esas ayudas. Y aquí la opacidad gubernamental es total.

¿Tenemos alguna noticia de que el Gobierno haya informado al Congreso y al Senado de cuáles son las empresas a las que se han concedido estas ayudas, y cuál ha sido su cuantía? No ¿Tenemos los ciudadanos alguna garantía de que no se adjudican por afinidad o sumisión política, por amiguismo o por presión de algunos lobbies cercanos al poder? No. ¿Se nos ha dicho por qué, en igualdad de condiciones, unas empresas se han visto favorecidas y otras marginadas? No. Solo nos han llegado algunas cifras sueltas y deshilvanadas. El Congreso de los Diputados y el Senado, donde están nuestros representantes, han sido marginados. Ni siquiera han sido unos convidados de piedra; han sido ignorados por el Gobierno.

Sabemos que hay gabinetes de asesoría creados por quienes han tenido cargos de relevancia en unos y otros gobiernos, que ayudan a tramitar la solicitud de esos fondos. Y la pregunta es ¿asesoran o presionan para beneficiar a sus clientes aprovechando su influencia política? Si no hay trasparencia en su adjudicación siempre quedarán la sombra y la sospecha de amiguismo, sectarismo, discrecionalidad y parcialidad del Gobierno para ayudar a los afines y marginar a los que no lo son.

No debemos olvidar que cuando en plena Edad Media el sistema parlamentario empezó a dar sus primeros pasos, aquellas Cortes rudimentarias defendían con tesón su derecho a negociar y pactar las cargas tributarias que tenían que aportar. El primer Tribunal de Cuentas de nuestro país –Casa o Contaduría de Cuentas le llamaron entonces– lo implantó Juan II de Castilla a mediados del siglo XV. Desde hace siglos los ciudadanos de las viejas naciones de Occidente han luchado por controlar en sus Parlamentos el dinero de sus impuestos. Ahora el Congreso y el Senado están siendo ignorados y ninguneados en el control de un dinero que los españoles de hoy y de generaciones futuras tendrán que devolver con sus impuestos.

Cuando aún no hemos recuperado el nivel de crecimiento de antes de la pandemia, tenemos la mayor tasa de paro de la UE y duplicamos la media europea, queremos saber qué destino se está dando a esos fondos, a qué empresas y con qué criterios de neutralidad y de rentabilidad.

No deja de ser un sarcasmo que tengamos que añorar los derechos de nuestros antepasados de hace diez siglos porque el Gobierno se niegue a rendir cuentas de cómo gasta nuestros dineros. Y que un tiempo supuestamente oscuro como fue la Edad Media nos parezca hoy luminoso.