En primera línea Emilio Contreras

Nadie quiso verlo venir

Los separatistas llevan más de 30 años tratando de convertir a Cataluña en una nación. El plan incluía el asalto a las aulas, los medios de comunicación, las empresas y los jueces. Pero era más cómodo mirar para otro lado

Cuando el día 12 se debatió en el Congreso la ley de amnistía, el separatismo catalán consiguió su mayor triunfo político desde hace más de 40 años. Ya entonces tenía un proyecto detallado para convertir en una nación lo que es una comunidad autónoma, y exigir luego la independencia. Pero muchos miraron para otro lado durante decenios, porque sus votos en el Congreso eran vitales para la supervivencia de los gobiernos de uno y otro color.

Hubo algunos, pocos, que alertaron del peligro. Pero la advertencia más clara fue el documento al que tuvo acceso El Periódico de Cataluña y que publicó el 28 de octubre de 1990. El diario afirmó que lo habían elaborado consejeros, altos cargos de la Generalitat e intelectuales de la órbita de Convergencia, el partido de Jordi Pujol, y la redacción final fue de Ramón Juncosa, director general de Coordinación y Seguimiento Sectorial de la Generalitat. Su título era «Propuestas para aumentar la conciencia nacional»… atribuido a las «máximas alturas para conseguir la nacionalización de Cataluña».

Era un proyecto para construir una nación que no existía: «Cataluña, nación europea emergente…», «Cataluña es una nación discriminada que no puede desarrollar libremente su potencial cultural y económico…», «hay que divulgar los hechos discriminatorios remarcando su incidencia negativa para el conjunto del pueblo catalán…», «Cataluña es un pueblo que camina en busca de su soberanía». El primer paso era la reforma del Estatuto Catalán y añadía que «el sentimiento nacionalista y de liberación nacional ha de ir ligado a la promoción social de las personas». Había que «ejercer plenamente la soberanía en todos aquellos espacios donde tenemos competencias».

El segundo objetivo era la enseñanza para adoctrinar desde la escuela a la universidad. Había que «impulsar el sentimiento nacional catalán de los profesores, padres y estudiantes», «elaborar un plan de formación permanente del profesorado que tenga en cuenta los intereses nacionales», «catalanizar los programas de enseñanza… y el conocimiento de la realidad nacional catalana con personas de confianza», «incidir en las asociaciones de padres con gentes que tengan criterios nacionales». Se debía «reorganizar el cuerpo de inspectores para que vigilen el correcto cumplimiento de la normativa sobre catalanización», «velar por la composición de los tribunales de oposición», «estimular el sentimiento nacional catalán de los estudiantes y profesores» y «crear nuevas universidades o carreras universitarias ligadas al territorio». Había que «potenciar las asociaciones de estudiantes nacionalistas» «y a personalidades de ideología nacionalista en los órganos rectores de las tres universidades catalanas».

Los medios de comunicación eran otro objetivo estratégico para contribuir al adoctrinamiento: «Hay que incidir de manera eficaz en todos los medios de comunicación a través de personas con una mayor influencia social», «lograr que los medios de comunicación públicos dependientes de la Generalitat sigan siendo unos transmisores eficaces del modelo nacional catalán», «incidir en la formación inicial y permanente de los periodistas y los técnicos en comunicación para garantizar una preparación con conciencia nacional catalana» e «introducir a gente nacionalista con gran cualificación técnica en todos los lugares claves de los medios de comunicación».

El plan incluía también al sector empresarial. «Exigir la normalización lingüística y nacional a todas las empresas estatales… y de las cajas de ahorro, bancos y otras entidades financieras».

El texto concluía con la aspiración de: «Conseguir que el idioma catalán sea oficial en las Cortes Generales» e «incidir sobre la administración de justicia y de orden público con criterios nacionales».

En el documento no aparece ni una sola vez la palabra España; solo Europa, Cataluña y los Países Catalanes (Comunidad Valenciana, Baleares y parte de Aragón) porque todo nacionalismo acaba siendo imperialista.

La publicación no tuvo eco en los medios ni entre los dirigentes políticos. Nadie quiso ver lo que se nos estaba viniendo encima. Al contrario, luego vinieron los acuerdos del Majestic entre el PP y CiU en 1996; la Ley de Normalización Lingüística de Pujol en 1998, contra la que ni el Gobierno del PP ni el Defensor del Pueblo presentaron recurso de inconstitucionalidad; el Pacto del Tinell, con el Partido Socialista incluido, y el «aceptaré el Estatuto que aprobéis» de Zapatero en 2003; la ley sobre el uso de las lenguas oficiales de 2022, que margina al castellano, votada por el Partido Socialista en el Parlament, y la pasividad ante los gravísimos hechos de septiembre y octubre de 2017 del gobierno del PP, del PSOE y de Ciudadanos.

Mucho de lo que se planeó en 1990 ya lo han conseguido los separatistas, y ahora tienen en sus manos que Pedro Sánchez siga en la Moncloa. Pero la otra cara de la moneda es que la calidad de la enseñanza en Cataluña se ha derrumbado –debacle le llama La Vanguardia– y está entre las más bajas de España, según el informe PISA; en 2017 salieron en estampida más de 7.000 empresas de Cataluña; desde entonces y año tras año Madrid la ha superado en crecimiento económico, y solo 985.998 catalanes votaron el 23J a partidos separatistas, el 17,33 por ciento de un censo de 5.688.136.

Si en un arranque de arrogancia la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, dijo en el Congreso el día 12 que quieren «separase de esta porquería de país» sin que ningún diputado socialista le replicara es porque Pedro Sánchez les ha entregado las llaves del Estado.

No les va a ser tan fácil porque se confunden si creen que Pedro Sánchez y el pueblo español son una misma cosa.