Cuidar a quienes nos cuidan

El pasado 22 de enero publicaba un artículo, en el Diario ABC, el actual Presidente del Observatorio de la Vida Militar, Mariano Casado, que llevaba por título «La cosificación de los militares». Al hilo de la actuación de los miembros de nuestras Fuerzas Armadas en apoyo a la población de la Comunidad Valenciana, tras los efectos de la dana del pasado mes de octubre, el presidente ponía de manifiesto la precariedad en la que nuestros militares desempeñan sus cometidos y la necesidad de que la sociedad descubra, no solamente, los enormes servicios que nuestros militares pueden prestar, sino también que, para hacerlo, no basta con su disponibilidad y su alta capacidad de entrega y sacrificio. También hace falta dotarles de recursos y de lo que algunas asociaciones profesionales de militares denominan como «dignificar la profesión».

El Observatorio de la Vida Militar, previsto en la Legislación Vigente, precisamente dentro del marco de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, se constituye «como órgano colegiado de carácter asesor y consultivo, adscrito a las Cortes Generales, para el análisis permanente de la condición de militar y de la forma con que el Estado vela por los intereses de los miembros de las Fuerzas Armadas». Se producía, pues, el pronunciamiento de su presidente, dentro del marco de las responsabilidades atribuidas al Observatorio.

También hemos tenido conocimiento, recientemente, a través de una de las asociaciones profesionales registradas en el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas del Ministerio de Defensa, de la posible identificación de varios militares afectados por enfermedades infecciosas contraídas como consecuencia de sus trabajos en el área afectada por la dana. Se ha consultado con el Ministerio de Defensa el alcance de esta afectación y se está a la espera de recibir su respuesta oficial.

No cabe duda de que la actividad ordinaria de los miembros de las Fuerzas Armadas se desenvuelve en el ámbito de una vocación muy específica como es la de situarse en condiciones de afrontar riesgos y penalidades que permitan evitárselas al común de la ciudadanía. En otras palabras, ante situaciones de riesgo o de amenaza, el militar quiere situarse por delante del resto de sus conciudadanos y en la medida de sus posibilidades contribuir a aliviar o atenuar las consecuencias negativas que de ellas se puedan derivar, siendo el máximo exponente de las mismas, el caso de ser objeto de una agresión armada o que comprometa gravemente la seguridad y la tranquilidad de la población a la que, vocacionalmente, sirven.

El militar nutre esta vocación con infinidad de máximas, consignas o referencias éticas a las que rinde culto durante toda su vida. A modo de ejemplo, citaré el artículo séptimo del Decálogo del Cadete de la Academia General Militar, adaptado, con otras palabras, a los idearios y referentes de la práctica totalidad de las Unidades de las Fuerzas Armadas, que reza «Ser voluntario para todo sacrificio, solicitando y deseando siempre el ser empleado en las ocasiones de mayor riesgo y fatiga».

La anteriormente citada Ley Orgánica 9/2011, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, establece los cauces a través de los cuales los militares pueden visibilizar sus requerimientos y necesidades, habida cuenta del restringido disfrute por su parte de determinados derechos consustanciales a la generalidad de la ciudadanía en beneficio de la especificidad de los deberes, que, por otra parte, la sociedad espera que los militares asuman y desempeñen con eficacia. Ante esta restricción de derechos, el Estado debe constituirse en garante de la dignidad de la profesión militar y de la mejora permanente de las condiciones en las que los militares desempeñan su tarea y en las que se desenvuelve, igualmente, su actividad social y la de sus familias. Ello conlleva consecuencias tanto en el ámbito retributivo, como en el de infraestructuras, el de asignación del adecuado equipamiento para desarrollar sus tareas en las mejores condiciones posibles de seguridad, el de prestaciones sociales y otros.

En materia de equipamiento, hemos tenido conocimiento estos días de una nueva demora en la puesta a disposición del Ejército de Tierra del vehículo de combate de ruedas (VCR) 8x8, absolutamente necesario para que nuestros militares se muevan por el mundo en condiciones de mínima seguridad y que la UTE, titular del contrato, se ha vuelto a comprometer a entregarlo a la mayor brevedad posible. Se está a la espera de la oportuna valoración por parte del Ministerio de Defensa del alcance de este nuevo retraso.

Conocido es el debate público sobre el necesario incremento del Presupuesto de Defensa hasta un mínimo del 2% del PIB, no sólo para asumir nuestros compromisos internacionales con nuestros aliados, que también, sino para garantizar la permanencia de la capacidad de nuestras Fuerzas Armadas para prestar con eficacia el servicio de defensa de nuestra nación que el entorno mundial demanda de ellas.

Ello incluye mejoras no sólo en el capítulo del equipamiento sino también en el de la infraestructura, el de las retribuciones del personal, el del volumen de efectivos, el del propio sostenimiento del material y otros.

Resulta que ahora nos sorprende la vicepresidenta Yolanda Díaz afirmando que no ve necesario lo del 2% y que a lo mejor hay que llevarlo a votación en el Congreso. Sería bueno que, en materia tan sensible y relevante, se pronunciase con algo más de cautela y moderación o que, sencillamente, no se pronunciase, dado que no forma parte del ámbito de sus competencias ministeriales.

No es coherente esperar de nuestros militares la ejemplar conducta a la que nos tienen acostumbrados, cualquiera que sea el cometido que se les asigne y no dotarles de los recursos adecuados para poder hacerlo en las debidas condiciones de eficacia y de seguridad así como con las contraprestaciones retributivas y sociales correspondientes para ellos y para sus familias. En resumidas cuentas, aunque sólo fuera por egoísmo, en beneficio de nuestros intereses, deberíamos esforzarnos más en «cuidar a quienes nos cuidan».

• Fernando Gutiérrez Díaz de Otazu es senador por Melilla