Sánchez, la OTAN y el Estado autonómico

En España en estos momentos no se habla de otra cosa más que de Sánchez y de cuando abandonará el poder. Ya incluso en otros países de nuestro entorno nuestro presidente empieza a ser objeto de atención en muy relevantes periódicos del continente europeo.

¿Aguantará Pedro Sánchez en la Presidencia del Gobierno? Se preguntan hoy los españoles continuamente ¿pero por cuánto tiempo? Las apuestas son muy diversas, pero nadie parece dudar de que Sánchez está sentenciado. Esta impresión empieza a extenderse en las filas de su propio partido y no digamos ya en los cuarteles generales de los partidos de la coalición que le sostiene. Por otra parte, el espectáculo que están dando los partidos nacionalistas en estos momentos resulta despreciable ya que no piensan más que en exprimir todo lo más posible a Sánchez al que dan ya por poco tiempo en el poder. Comportándose así demuestran a las claras que España poco les importa, cosa que es público y manifiesto y todos lo venimos comprobando desde hace mucho tiempo. Se habrán ganado así con creces que en una posible futura reforma de la Ley Electoral lo tengamos en cuenta.

Pedro Sánchez está asimismo condenado por la inmensa mayoría de la opinión pública, pero nadie se atreve a predecir cuándo abandonará el palacio de la Moncloa. Es de suponer que él tratará de alargar lo más posible su agonía política acudiendo a las marrullerías políticas a las que nos tiene acostumbrados. No es descartable en un horizonte próximo una posible crisis de gobierno para distraer al personal como tampoco que siga embarcado en múltiples viajes al extranjero en una permanente huida hacia adelante evitando en lo posible sus comparecencias en el parlamento. Yo diría que hasta que no vea a su familia fuera de peligro y tenga más o menos asegurada su supervivencia personal tratará de aguantar lo indecible. Y no descartemos que intente utilizar en forma desesperada la última bala que le queda en el revolver como sería la convocatoria del temido referéndum para complacer a sus socios del Frankenstein.

¿Tendrá algún día como Craxi que dar con sus huesos en el exilio se preguntan algunos? O más bien ¿tratará de que la Internacional Socialista le proporcione un salvoconducto para transitar por Iberoamérica como personaje progresista defensor de la causa palestina, amigo de China y firme opositor de las políticas de Trump?

Lo que es seguro es que a pesar del reciente acuerdo alcanzado por Sánchez con la OTAN dejará al próximo gobierno un regalo envenenado por la necesidad imperiosa que tendrá España de cumplir con sus obligaciones y compromisos como socio de aquella organización. Y lo que es ya inevitable es que tendremos, antes o después, que aumentar de manera considerable nuestros gastos en materia de defensa lo que habrá de acarrear dolorosas consecuencias presupuestarias imposibles de evitar. Y así entro en la segunda cuestión que planteo en la cabecera de este artículo.

¿Qué consecuencias tendrá para España el esfuerzo que se nos va a exigir para aumentar los gastos de defensa tal y como se encuentran en estos momentos nuestras finanzas públicas?

Creo yo que solamente podremos hacer frente a la nueva situación que se nos impone tomando en consideración tres distintas soluciones.

1.- Aumentar considerablemente los impuestos tanto directos como indirectos

2.- O bien reducir las prestaciones ligadas al llamado Estado Providencia, o por último

3.- Disminuir de manera sustancial los gastos del Estado y las administraciones públicas que ha generado el innecesario y disparatado Estado autonómico que padecemos.

Vayamos a considerar cuál de estas tres vías de solución podría ser la más conveniente.

El aumento de impuestos sería, a mi juicio, una bomba de relojería que acabaría de hundir más de lo que ya está a la pobre clase media que lucha afanosamente para sobrevivir ante unos costes de vida que aumentan sin cesar. Conviene recordar, en este sentido, que el Régimen democrático que disfrutamos exige de la existencia y pervivencia de una ancha clase media que le dé consistencia y estabilidad. Sin una clase media robusta que le mantenga a flote nuestro actual régimen democrático podría colapsar y dar paso a la implantación de un régimen autoritario que prometiera satisfacer las demandas crecientes de una clase media desesperanzada y sin futuro.

Y así llegamos a considerar una segunda solución que consistiría en reducir las prestaciones que recibe una gran parte de los ciudadanos en virtud del llamado Estado de bienestar y que se concreta en un sistema de pensiones y servicios educativos y sanitarios que ningún gobierno, creo yo, estaría en condiciones de acometer.

Nos queda, por tanto, analizar la tercera solución que anteriormente hemos descrito como posible alternativa a las otras dos antes analizadas. Me refiero a la ineludible necesidad de adelgazar la maquinaria del Estado y racionalizar el coste de las administraciones públicas hoy innecesariamente sobrepasado por la existencia de nuestro Estado autonómico tal y como ha venido desarrollándose últimamente. Se me dirá que ahí nos topamos con la clase política y la mayoría de los partidos políticos que viven del tinglado autonómico que pondrían el grito en el cielo negándose en redondo a recortar sus privilegios.

Pero, sin embargo, para acometer el aumento de los gastos de defensa que está planteado encuentro yo que no hay otra mejor solución que recortar en profundidad el gasto público derivado de la existencia de 17 gobiernos autonómicos, 17 parlamentos regionales y 17 tribunales de justicia todo ello acompañado de múltiples «chiringuitos» del que viven cientos de políticos cuya labor solamente ellos son capaces de justificar. Por no recordar las cifras desmesuradas e intolerables de asesores que se encuentran por cientos en el palacio de la Moncloa y en otros gobiernos autonómicos y que resultan absolutamente prescindibles. También podríamos preguntarnos si necesitamos mantener a veces hasta dos y tres canales autonómicos de televisión que se dedican a transmitir partidos de pelota vasca o coplas y bailes regionales cuando no a injuriar y malmeter a buena parte de los catalanes con el resto de España.

Una gran parte de los españoles se alegraría de que un futuro gobierno con arrestos se atreviera a abordar el necesario adelgazamiento de la estructura de nuestro actual Estado autonómico cuyo poderío se ha venido haciendo cada vez más costoso e ineficiente. El ejemplo, ahora muy vivo, de Javier Milei con su motosierra está resultando para muchos, muy ilustrativo.

En fin el próximo gobierno de la derecha se encontrará con esta papeleta que no tendrá más remedio que resolver. Deseamos y esperamos que acierte.

• Ignacio Camuñas Solís fue ministro para las Relaciones con las Cortes (1977-1979)