Somos nosotros, no el Rey
El problema está en lo que votaron los españoles, y ahora no se le puede exigir al Rey que enmiende a un Gobierno salido de unas elecciones. Tampoco tendría competencias para hacerlo
Comprendo y comparto la preocupación e incluso la exasperación de muchos ciudadanos con un presidente del Gobierno que está haciendo todo lo contrario de lo que prometió en campaña electoral en asuntos que ponen en peligro la unidad de la nación. Pero intentar salir de esta situación desbordando los límites legales es algo que no se le debe pedir a nadie, y tampoco al Rey.
Ahora tratan de empujar al jefe del Estado a que intervenga contra las cesiones del presidente del Gobierno a sus socios separatistas, pero olvidan que la Constitución de 1978 le apartó deliberadamente de intervenir en la acción de gobierno.
Quienes lo piden saben que, según el artículo 97, corresponde solo al gobierno «dirigir la política interior… la Administración civil… y ejercer la función ejecutiva… de acuerdo con la Constitución y las leyes». Saben también que la Constitución deja claro que la Corona es un órgano, y no un poder del Estado, con unas funciones tasadas que no puede traspasar. Son exactamente quince según los artículos 56, 62 y 63, y ninguna le faculta para interferir en la política gubernamental.
La prueba de que lo que piden no tiene sustento constitucional es que sus exigencias son de una enorme imprecisión y vaguedad. Reclaman cosas como que «dé un puñetazo en la mesa». Y eso solo es una metáfora airada que revela la inconsistencia de lo que piden. Porque los actos de un Rey constitucional deben tener un sustento legal cierto, claro, preciso y concreto, basado en el principio de seguridad jurídica que va unido a toda ley. Y lo del puñetazo no lo tiene. «Arbitrar y moderar el funcionamiento regular de las instituciones» es una función que queda lejos de poder intervenir contra la acción de gobierno.
Ponen como ejemplo la noche del 23 de febrero de 1981 cuando el Rey paró un golpe de Estado, pero no se dice que el Gobierno y el Congreso estaban secuestrados tras una lluvia de balas. El artículo 97 de la Constitución dice que «el gobierno dirige la Administración militar y la defensa del Estado», pero como ese Gobierno estaba cautivo, el Rey en su condición de jefe supremo de las Fuerzas Armadas asumió el mando efectivo para ocupar aquel vacío de poder, y lo devolvió al gobierno solo 17 horas después.
También invocan el discurso que el Rey dirigió al país el 3 de octubre de 2017 cuando el Gobierno de la nación reaccionó con debilidad contra quienes habían aprobado en septiembre las leyes de desconexión de Cataluña del resto de España; un Gobierno que tampoco fue capaz de impedir el referéndum independentista el día 1, cuando había sido suspendido por el Tribunal Constitucional. Aquello fue lo más parecido a un vacío de poder generado por un Gobierno fuera de juego. El Rey se limitó a advertir con firmeza en su discurso de seis minutos que se había quebrantado la legalidad y que eso era inadmisible. Pero fue el Senado el que dispuso la aplicación del artículo 155 de la Constitución y la suspensión de la autonomía de Cataluña. No el Rey.
Se me dirá que ahora estamos en una situación similar de infracción legal. Pero no es cierto, porque entonces el embate contra la Constitución fue frontal y visceral y ahora, que han aprendido la lección es más sutil, más maquiavélico porque bordea, roza y retuerce la legalidad con un gobierno y un Tribunal Constitucional que están en el ajo.
Algunos van más allá e incluso reclaman un protagonismo del Ejército acogiéndose al artículo 8 de la Constitución, que confiere a las Fuerzas Armadas la misión de defender el ordenamiento constitucional. Pero olvidan o quieren olvidar que el artículo 97 dice que corresponde al Gobierno dirigir la Administración militar y la defensa del Estado. El Ejército no es autónomo y su capacidad de intervención no es discrecional.
El problema de fondo de lo que estamos viviendo es que los españoles votaron lo que votaron, y ahora que las cosas salen mal los hay que quieren endosar al Rey la solución del problema que ha generado ese voto. Así de claro. La ciudadanía tiene el derecho a votar lo que quiera, pero tiene también el deber de atenerse a las consecuencias de lo que ha votado, y no traspasar al jefe del Estado una responsabilidad que no tiene; no se le puede reprochar que no haga lo que no puede ni debe hacer.
Se nos dice que el Rey es lo último que nos queda. Pero no nos engañemos, la situación actual no es irreversible. Porque lo último que en este asunto concreto nos queda son los votos del pueblo soberano, que elige o aparta del poder a quienes nos gobiernan.
Somos nosotros, no el Rey
Emilio Contreras es periodista
