La II República 95 años después

Noventa y cinco años no es un aniversario redondo, pero se le acerca. Ocasión que algunos aprovecharán para elogiar y poner como ejemplo lo que ocurrió en España entre 1931 y 1936. Pero al margen del relato pormenorizado de lo que entonces pasó, hay unos hechos que definen el proyecto de fondo de quienes construyeron el orden político y constitucional de la II República.

En la disyuntiva entre establecer un sistema basado en el enfrentamiento y la división o en la convivencia entre los españoles, cualesquiera que fueran sus ideas y sus creencias, los dirigentes republicanos y de izquierdas optaron por el camino de la confrontación. Los hechos lo confirmaron.

Solo cuatro meses después del 14 de abril de 1931, ya apuntaron maneras. Luis Jiménez de Asúa, militante socialista y el más importante penalista español del siglo XX, entregó a las Cortes el anteproyecto de Constitución que había elaborado una comisión de expertos presidida por él. En el acto solemne que se celebró el 27 de agosto de 1931, pronunció un discurso en el que textualmente afirmó: «Esta es una Constitución de izquierdas….para que no digan que hemos defraudado las ansias del pueblo». Mes y medio después, el 13 de octubre, cuando se debatía en las Cortes el proyecto constitucional, Manuel Azaña dijo: «Si yo perteneciera a un partido que tuviera en esta Cámara la mitad más uno de los diputados… en ningún momento habría vacilado en echar sobre la votación el peso de mi partido para sacar una Constitución hecha a su imagen y semejanza». Ese era el proyecto, imponer una Constitución que reflejara las ideas e intereses de una parte del país, en la más pura tradición jacobina. La otra España era el objetivo a neutralizar, no a integrar. Fue el precedente del 'muro'.

Justo por defender todo lo contrario –el acuerdo frente al sectarismo– el gobierno había rechazado unas semanas antes el anteproyecto redactado por otra comisión presidida por el dirigente republicano moderado Ángel Ossorio y Gallardo.

Pero hay más. Las elecciones generales de noviembre de 1933 las ganaron los partidos de la derecha, liderados por la CEDA y el Partido Radical. Y en lugar de aceptar democráticamente los resultados, varios dirigentes republicanos y de izquierda propusieron artimañas políticas y legales para impedir que gobernara la derecha. Manuel Azaña, Santiago Casares Quiroga y Marcelino Domingo pidieron al jefe del Gobierno, Diego Martínez Barrio, que bloqueara la reunión constitutiva de las nuevas Cortes y favoreciera la creación de un gobierno de izquierdas que tuviera capacidad para convocar nuevas elecciones. Y Juan Negrín propuso al presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, la anulación de los resultados electorales. Si alguien duda de la veracidad de estos hechos poco conocidos, que lea el libro de Josep Contreras sobre Cataluña y Azaña.

Hubo un hecho aparentemente menor pero revelador del trasfondo sectario de la izquierda republicana. En octubre de 1931, antes incluso de que se aprobara en diciembre la nueva Constitución, las Cortes aprobaron la ley de Defensa de la República en la que la izquierda, con mayoría en la Cámara, dio una muestra clara de cuál era su proyecto político. El artículo primero decía: «Son actos de agresión a la República y quedan sometidos a la presente ley, la apología del régimen monárquico o de las personas en que se pretenda vincular su representación, y el uso de emblemas, insignias o distintivos alusivos a una u otra». Y para evitar que pudieran intervenir los jueces en estas sanciones, se impusieron de plano por la vía administrativa. Recordaré como ejemplo que por este método se cerraron más de cien diarios y semanarios.

Dos meses después de terminar la Guerra Civil, Manuel Azaña se preguntaba en una carta si la República habría conseguido la estabilidad si se hubiera construido con el «asenso» de todos. Porque lo que él y los suyos construyeron fue un monumento a la inestabilidad con 19 gobiernos en cinco años y tres meses, y la suspensión de las garantías constitucionales en 62 ocasiones, con 21 estados de alarma, 23 de excepción y 18 de guerra, por sólo poner unos ejemplos.

Transcurridos 47 años, los españoles y sus gobernantes se vieron de nuevo en el trance de dotarse de una Constitución. Entonces miraron hacia atrás sin ira y negociaron en 1978 un texto basado en el «consenso», no en el sectarismo. Y cuando en las elecciones de octubre de 1982 la izquierda arrasó con más de 200 diputados, se acató el resultado y nadie tramó ninguna argucia para evitar que pudiera gobernar. A quienes desde entonces manifiestan sus ideas republicanas ni se les persigue ni se les sanciona; es más, pueden sentarse en el Consejo de Ministros o presidir una comunidad autónoma si respetan la Constitución y las leyes. Y nunca se ha cerrado un periódico por sus críticas al gobierno.

Esa es la clave de la estabilidad de fondo del sistema que se creó en 1978. Ni el golpe de Estado de febrero de 1981, ni el golpe al Estado en Cataluña de octubre de 2017, ni 35 años de terrorismo, ni la demoledora crisis económica y social de 2008, ni los que amenazaban con «asaltar el cielo», ni el separatismo han podido con él. Y está resistiendo el Gobierno de Pedro Sánchez.

Lo que se hizo entre 1931 y 1936 fue un ejemplo… a no seguir.