20 de enero de 2022

tribunaSilvino Lantero Vallina

El Estado y la libertad de enseñanza

Se precisa una amplia autonomía a los agentes educativos para consolidar ofertas de calidad que reforzarían la libertad, por parte de las familias, en orden a idearios y proyectos educativos que consideren más adecuados a sus expectativas académicas, profesionales, morales y religiosas

Es un hecho negativo la excesiva intervención del Estado y administraciones autonómicas en el campo de la educación. Como es sabido tal fenómeno se lleva a cabo por medio de las leyes generales aprobadas por el Parlamento Español y el desarrollo legislativo de las administraciones autonómicas.
El funcionamiento de las escuelas está sometido a una intrusiva regulación en todo lo referido a organización, y contenidos. Además, en la última Ley Orgánica 3/2020, de 29 de Diciembre (LOMLOE), se incluyen continuas consideraciones sobre ideologías destructivas del ethos moral de Occidente. Si tienen ustedes la paciencia de leer el texto de esta ley orgánica encontrarán la terminología que utilizan las nuevas formas de la estrategia marxista–leninista ocultada tras el globalismo, el cambio climático y las políticas identitarias tipo LGTBIT,QUEER, WOKE, etc.
Un componente clave de esta norma legal es la «teoría de la suma cero» que se aplica, para deconstruir, en muchos ámbitos de la vida profesional, económica y cultural. El contraste entre éxito y fracaso se utiliza para intensificar las fallidas políticas educativas impuestas, en España, durante los últimos cuarenta años. Lo explica muy bien Roger Scruton en su libro Usos del pesimismo donde escribe: «En otras palabras el éxito de algunos (alumnos) se paga con el fracaso de otros. De este modo nació el movimiento de la educación comprensiva, junto con la hostilidad a las clases, la degradación de los exámenes, con el propósito de evitar que el sistema educativo estatal produzca desigualdades». Propósito imposible porque los logros académicos son siempre desiguales.
La situación actual de las libertades de enseñanza es calamitosa. Efectivamente las instituciones estatales y autonómicas ejercen un monopolio educativo más propio de un régimen comunista que el que debería corresponder a una democracia. La LOMLOE aumenta la legislación invasiva en todos los ámbitos de la vida escolar.
A pesar de las dificultades que acabo de señalar existen, por el momento, en España, buenas ofertas educativas tanto en centros públicos como privados gracias a la sensatez, vocación y profesionalidad de muchos docentes, directores y titulares.
Siempre con moderado optimismo debemos seguir analizando los puntos débiles para hacer frente a las amenazas, ciertamente graves, que se ciernen sobre las instituciones educativas.
Se rebaja la exigencia para superar los conocimientos básicos. Todo son «competencias». Se menosprecian las variables claves de eficiencia como la centralidad de los conocimientos, el aprovechamiento del tiempo, la disciplina, el orden, los agrupamientos racionales para el aprendizaje, el respeto a quien enseña, hábitos de urbanidad y convivencia…
La LOMLOE ofrece, por tanto, un proyecto de destrucción escolar. El panorama es desolador. Quien dude de esto puede informarse a través de los docentes de lo que sucede al respecto en un porcentaje significativo de centros educativos. Lo cual no obsta, insisto, en que, gracias a profesores con sensatez y profesionalidad, tengamos ámbitos donde se ha logrado una buena calidad académica, moral y religiosa.
Tenemos que clarificar y difundir el rol y límites del estado en la enseñanza. Su misión no es adoctrinar sino coordinar y consensuar unos mínimos referidos al mantenimiento de la nación y el respeto a los principios constitucionales de libertad, propiedad e igualdad ante la ley. No le compete, al Estado y mucho menos a las administraciones autonómicas, el monopolio en los planes de estudio .Tampoco imponer ideologías que no son compartidas por muchas familias y otros sectores de la sociedad civil.
No es posible la libertad educativa si a la sociedad civil se le impide establecer sus currículos de estudios a través de los propios centros, titulares, agencias especializadas, academias como la de la Historia, etc. Es lamentable que el sistema escolar no se adecue a los tiempos actuales. No le corresponde al Gobierno determinar la organización de los estudios imponiendo el fracasado modelo comprensivo.
Y lo que es peor el poder ejecutivo bloquea iniciativas de eficiencia académica al impedir la creatividad y el desarrollo de criterios organizativos y procedimientos de enseñanza -aprendizaje que ha demostrado su eficacia en algunos países como son, entre otros, los casos de Singapur, Corea del Sur, Finlandia, Estonia y Polonia que han alcanzado muy buenos resultados en el programa PISA-OCDE-.
Respetando unos mínimos estatales consensuados por especialistas a efectos de las titulaciones se precisa una amplia autonomía a los agentes educativos para consolidar ofertas de calidad que reforzarían la libertad, por parte de las familias, en orden a idearios y proyectos educativos que consideren más adecuados a sus expectativas académicas, profesionales, morales y religiosas. En este marco no tendrían cabida políticas educativas ineficientes y totalitarias como las que sufrimos actualmente. La mayor gravedad de este despotismo afecta , como es sabido, a quienes viven en Cataluña, Vascongadas, Galicia , Baleares y Valencia. Estamos, pues, en nuestro ámbito escolar, ante un Estado español fallido que no garantiza derechos básicos recogidos en declaraciones internacionales suscritas por España.
Los contenidos de las asignaturas no precisan del actual dirigismo entrometido y control sectario de gobiernos y administraciones. Al igual que en otros ámbitos como la alimentación, el turismo o la construcción, hoy en día, la sociedad civil puede asumir la tarea formativa general y profesional, respetando unas normas básicas de amplio consenso.
A las Humanidades se le abrirían posibilidades para evitar manipulaciones y prohibiciones relacionadas con la enseñanza de la Lengua Española y la Historia de España.
La reivindicación de las libertades escolares se adecua al principio de subsidiariedad que han promovido los grandes pontífices del siglo XX y lo que va del XXI. Consiste en que no haga el Estado lo que pueda hacer la sociedad civil. Sin respetar este principio, las libertades de enseñanza quedan en una posición ciertamente delicada, especialmente para transmitir el legado occidental de raíz cristiana al que contribuyeron de manera decisiva nuestros antepasados.
  • Silvino Lantero Vallina es propagandista de Asturias y expatrono del CEU

Más de Tribuna

tracking