¿Debe establecerse un servicio militar voluntario?

Diversas circunstancias sobrevenidas en el escenario internacional motivan que varios países, especialmente los integrantes de la OTAN y de la UE, estén replanteándose la estrategia de defensa militar para la seguridad de sus naciones. En efecto, se trata de un tiempo caracterizado por las notas de inseguridad, tensión y amenazas que atañen al marco europeo.

Otras causas agravan, desde el punto de vista defensivo, el escenario geopolítico occidental, como es la desaparición del orden mundial instaurado tras la Segunda Guerra Mundial, acontecimiento que, para incomodidad de los miembros de la OTAN, ha supuesto la finalización (quiérase o no) del tradicional papel de los EE.UU. como garante y guardián de Europa desde aquella implícita amenaza representada por el expansionismo soviético. Hoy, Trump ha implantado por la vía de los hechos un nuevo contexto para Europa: esta debe defenderse a sí misma sin la tutela norteamericana.

Tampoco faltan otros nubarrones en el horizonte de la seguridad europea, como es la invasión de Ucrania por una Rusia gobernada bajo pulsión bélica imperialista, así como el creciente protagonismo de la China comunista, de Corea del Norte o el peligro nuclear de Irán. Tampoco podemos desdeñar, para la seguridad de los españoles, los indiscutibles focos de inestabilidad e inamistosa vecindad de algunos países del norte de África.

Todo ello aconseja replantearse aquella suspensión, que no supresión, del servicio militar español decretada por el Gobierno de José María Aznar (Real Decreto 247/2001, de 9 de marzo). Hoy nuestro entorno es todavía más inseguro, con una intranquilizadora guerra a las puertas del territorio OTAN, y con un Marruecos crecido al que el Gobierno sanchista, incomprensiblemente, no ha sabido (o querido) arrancar un compromiso de respeto hacia nuestros intereses soberanos.

Aquella suspensión fue fruto de un movimiento antimilitarista popular («Mi mamá me mima; la ‘mili’, no»), de un inconsistente pacifismo («Haz el amor y no la guerra») y del ambiente de insumisión que se respiraba entre la juventud occidental por la crueldad de la guerra en Vietnam y el fracaso bélico norteamericano. Por otro lado, colaboraron a ello las teorías de Rosa Luxemburgo, Adorno, Marcuse o Harnecker, que minaron la moral juvenil de los años sesenta, creando un marco mental antimilitarista que precipitó el cambio de las políticas de defensa de los principales países europeos, quienes se decantaron por suprimir o aplazar el servicio militar obligatorio (en España, la célebre «mili»), pasando a un nuevo modelo -profesional- de Fuerzas Armadas.

Hace un cuarto de siglo que la defensa y seguridad de España está confiada, no al reclutamiento obligatorio, sino a la prestación del servicio mediante un personal estable, profesional y retribuido. Creemos que ha llegado el momento de hacer un balance desapasionado, pero crítico, de la eficiencia de la suspensión del servicio militar obligatorio, y preguntarnos sobre la conveniencia de instaurar un servicio cívico complementario que estimulara la cultura de defensa, prestación ciudadana cuyo diseño, duración y contenidos sería objeto de debate y estudio a la vista de los aludidos condicionamientos geoestratégicos de nuestros días, panorama este bien distinto al que fundamentó la suspensión del servicio militar obligatorio.

Desde luego, la cultura de defensa es una gran desconocida para la juventud y el desentendido pueblo español, acostumbrados ambos, desde hace veinticinco años, a que el Estado pague y sean otros quienes empuñen las armas y nos defiendan, los llamados militares profesionales. Sin embargo, hoy las circunstancias han cambiado totalmente. Lo demuestran las decisiones adoptadas por Trump en relación con los países integrantes de la OTAN, a quienes ha conminado a procurarse una defensa autónoma e independiente, en medida suficiente (cifrada en un 5 % del PIB como mínimo), y a no confiar cómodamente en el «amigo americano».

Sea como fuere, España, como todo país, tiene enemigos. Unos declarados y otros latentes. Ello aconseja la conveniencia de volver sobre la cuestión y responder algunas cuestiones: ¿sería útil establecer un tiempo para impartir una mínima formación militar de autodefensa de la población? ¿Qué contenido y duración habría de darse a ese periodo de instrucción militar? En el caso español, ¿cómo se debería lograr una cultura de defensa y seguridad? ¿Cuáles son los focos de donde pueden provenir los ataques a la paz, la integridad y los intereses de España?

Indiscutiblemente, el viento sopla a favor de instaurar un cierto compromiso ciudadano con la defensa del país. Está ocurriendo ya en muchos países europeos, donde un servicio cívico, voluntario en principio, se está implementando. Sería una herramienta apropiada a la exigencia, cada día mayor, de disponer de personal especializado en los Ejércitos, a la vez que cauce útil -como proclama el artículo 30.1 CE- para quienes deseen ejercer su derecho de defender a España.