Tribuna Carlos de Urquijo

La memoria democrática de ETA

Lo peor es que, además de por un sectarismo que le ciega, Sánchez humilla a España y los españoles con el único interés de dar satisfacción a la banda que le garantiza unos meses más su estancia en la Moncloa

Aprovechando que la cumbre de la OTAN pasa por Madrid, Pedro Sánchez ha intentado colar de rondón el acuerdo alcanzado con ETA –eso ha dicho el Tribunal Supremo que es EH-Bildu– para aprobar la Ley de Memoria Democrática. Una de las consecuencias de este pacto es ampliar su vigencia temporal hasta el 31 de diciembre de 1983 cuando inicialmente estaba prevista hasta la entrada en vigor de nuestra Constitución. De este modo, el GAL, puesto en marcha por un Gobierno del partido de Sánchez, servirá de excusa oficial a ETA para continuar avanzando en su blanqueamiento. Insistirán en lo que decían en aquellos años: «Matamos sí, pero lo hacíamos para defendernos y como respuesta a la guerra sucia del Estado».

Al margen de que esta ley sea un hito más del revisionismo/ revanchismo iniciado en 2007 por Rodríguez Zapatero con la Ley de Memoria Histórica, lo preocupante es que salga adelante apoyada por los autores intelectuales, e incluso materiales como Arnaldo Otegi, de los crímenes de una organización terrorista que es la antítesis de cualquier cosa democrática, memoria incluida.

Que ETA aspire a blanquear su pasado es comprensible, que el nacionalismo vasco colaboracionista lo apoye se entiende, pero que lo haga un partido como el socialista, con 14 militantes abatidos por la banda terrorista, es un delito de traición que, si no tiene encaje en los artículos correspondientes de nuestro Código Penal, debe tener sin duda consecuencias políticas.

La sectaria Ley de Memoria Democrática, de acuerdo con el proyecto en tramitación, resarcirá a las víctimas que padecieron persecución o violencia por razones políticas, ideológicas, religiosas, de pensamiento o de orientación sexual desde el 18 de julio de 1936, la dictadura del general Franco, la Transición y nuestra democracia hasta diciembre de 1983. Esta ley quedará deslegitimada por completo al pactarse con quienes asesinaron a conciencia especialmente durante la Transición y los primeros años de nuestra democracia para acabar con ella.

Desde 1976 hasta 1983, ETA asesinó a 388 personas. En 1979, la Constitución cumplía un año y en octubre se aprobaba el Estatuto de Guernica; pues bien, ese año la banda terrorista asesinó a 98 personas, su particular récord de sangre. Como se ve un claro ejemplo de su interés por la defensa de la democracia y la memoria, que ahora sus voceros se permiten aprobar y determinar democráticamente.

Aunque es comprensible la jugada de Bildu para blanquear su siniestra historia, lo que no se entiende es que el PSOE se preste una vez más a ello. La culpa de este repugnante acuerdo no debe pues imputarse a EH-Bildu, sino a quien ha decidido que, para dar satisfacción a sus ansias de revancha, es oportuno contar con el apoyo de quienes durante 50 años trataron de imponer a sangre y fuego una dictadura totalitaria en el País Vasco. Y lo peor es que, además de por un sectarismo que le ciega, Sánchez humilla a España y los españoles con el único interés de dar satisfacción a la banda que le garantiza unos meses más su estancia en la Moncloa.