Más memoria histórica sectaria

Como indiqué en mi escrito anterior (24.04.2025), el alcalde batasuno de Pamplona, Joseba Asiron, ejerciendo la competencia exclusiva que tiene para poner o quitar nombres del callejero de la ciudad, al parecer, a requerimiento del Gobierno de Navarra, ha ‘descolgado’ de este al arquitecto Eusa, al poeta Pascual y al general Los Arcos. Asiron, que se las da de historiador, como en geometría, ha confundido π con r y ha pensado que Antonio Los Arcos era José Los Arcos, quien fuera gobernador militar de Navarra (1939-1944). Y, ante tamaña metedura de pata, ha rectificado y ha dicho que le va a mantener el nombre de su calle, al tiempo que sigue adelante con el cambio de las de Víctor Eusa y Pascual. Y lo hace por «franquistas» y «para preservar la memoria histórica» porque, como ponía en un comentario a mi escrito la persona que se esconde bajo el nombre de 'Anai', que cada vez se parece más al pestilente libro El corralito foral de Iván Giménez, «lo que Asiron sea, no quita que Eusa y Pascual fueran unos criminales que participaron en la mayor masacre de civiles de la historia de Navarra. En la retaguardia y a sangre fría.» ¡Casi nada! ¡Y aquí no pasa nada!

En mi escrito anterior señalaba que se va a retirar la plaza del poeta falangista pamplonés Ángel María Pascual mientras que, en localidades muy próximas a Pamplona, se mantienen las calles dedicadas al poeta comunista Rafael Alberti, que con tanta crueldad actuó en la «checa» de la calle Serrano de Madrid en 1936 y jamás pisó Navarra. Pero, podemos añadir más.

Está el caso de la navarra Julia Álvarez Resano (Villafranca, 1904 - México, 1948), maestra y abogada, que, en 1933, junto a Dolores Ibárruri ‘Pasionaria’, fue un miembro destacado de la Agrupación de Mujeres Antifascistas impulsada por el Partido Comunista dentro del marco creado por la III Internacional. En febrero de 1936, fue elegida diputada por Madrid en la lista del Frente Popular y, hasta el comienzo de la guerra civil, no tuvo ninguna participación parlamentaria significativa, destacando únicamente por ser, junto con Margarita Nelken, la que más interrumpía a los diputados de la oposición. Ya en julio de 1937, el Gobierno de Negrín la nombró gobernadora civil de Ciudad Real, cargo en el que permaneció 8 meses y 14 días, convirtiéndose en la primera mujer titular de un gobierno civil desde que Javier de Burgos creara dicho puesto en 1833.

Ciudad Real era una provincia de la retaguardia republicana en la que hasta diciembre de 1936 se produjeron la mayoría de los casi 2.300 asesinatos, además de robos, saqueos, sacrilegios, etc. realizados durante la Guerra Civil. Allá fueron asesinados desde el obispo, pasando por diputados, jefes de partidos políticos, directores de periódicos, muchos párrocos, hasta familias enteras, sin olvidarse de las matanzas de los Hermanos Pasionistas de Daimiel o de los Dominicos de Almagro.

En el mes de diciembre de 1936 parecía que la cosa paraba, «que estaban ahítos de sangre u horrorizados con lo que habían hecho» pero, al llegar Julia Álvarez, que siempre iba con un revolver al cinto, publicó una Circular en el Boletín Oficial de Ciudad Real, Nº. 104, de 30 de agosto, en la que, tras señalar la presencia en la provincia de «elementos emboscados, facciosos antiguos, individuos peligrosos» manifestó su deseo de «despejar el ambiente de la retaguardia y limpiarla de facciosos y emboscados», decía que «con gran dolor» los partidos del Frente Popular y los sindicatos «emplean sus energías en extender avales que llegan en aluvión a este Gobierno Civil para recomendar a todo el que es detenido» con los que «o se trata de ganar afiliados de número» o «se trata de conquistar la recíproca por si se acercan las hordas fascistas». Y añadía: «Cumplo un mandato del Gobierno y otro más imperativo de mi conciencia antifascista; pero si obstinadamente se pretendiese por alguien seguir obstruyendo la labor de depuración de la retaguardia, estoy dispuesta a obrar con toda energía contra los obstruccionistas y recomendantes». No puede sorprender que, bajo su responsabilidad directa, se reactivase la maquinaria represiva del Frente Popular en esa provincia.

Pues bien, el 26 de marzo de 2018, el Parlamento de Navarra, a propuesta de Geroa Bai, EH-Bildu, Podemos, Izquierda-Ezkerra y PSN-PSOE, con el apoyo de UPN, no así del PP, aprobó una Declaración Institucional reconociendo la labor realizada por Julia Álvarez Resano y mostrando la voluntad para que «el Gobierno de Navarra realice un acto institucional de reconocimiento a su figura, para dar visibilidad a la enorme labor política y social de esta mujer navarra». Y, tres meses después, en junio, ese mismo Parlamento le dedicó una Sala para «promover la visibilización de Julia Álvarez Resano como gran defensora y luchadora de los derechos civiles» y en «reconocimiento a tantas y tantas mujeres que lucharon en Navarra por los derechos civiles y que fueron por ello perseguidas tras el golpe militar del 36».

Naturalmente, la Sala sigue en la Cámara foral y no me consta que, desde el Departamento de la Verdad del Gobierno de Navarra, que diría Orwell, que es el que ha requerido al Ayuntamiento de Pamplona a quitar esas calles, hayan instado a sustituir su nombre. Esta es una nueva demostración de que, además de sectarios, son artistas en usar la ley del embudo. ¡Así se escribe la Historia!