El intrincado caso del Tribunal Constitucional español
Lo peor es vivir, políticamente hablando, con la sospecha de que la longa manu del Gobierno llega a colonizar órgano tan necesario, tan importante y tan fundamental en un Estado democrático y de derecho como es el intérprete supremo de la Constitución: el Tribunal Constitucional
Por obra del desconcertante plan sanchista de tratar de destruir la democracia liberal y representativa de la Constitución española de 1978 (por no sabemos qué ocultas e imperiosas razones), permítaseme que afirme que no es ningún secreto que el Tribunal Constitucional (TC) ha pasado de ser el «intérprete supremo de la Constitución» (art. 1 L.O. 2/1979, de 3 de Octubre) a un dócil órgano que sumisamente bendice toda norma, acto o acuerdo del Gobierno sanchista, aunque estos constituyan una flagrante transgresión constitucional o un disparate político sin más.
Consecuentemente, es hora de reconocer que este TC, con la composición actual, ha perdido su crédito como árbitro constitucional, ha disipado su posición imparcial e independiente dentro del sistema constitucional español. Para botón de muestra, la STC 6436-2024 que otorga el pase constitucional a la irritante L. O. 1/2024 de Amnistía, norma ya conocida con el nombre de 'Ley de Autoamnistía' en expresión de la Comisión Europea, todo un disparate suficientemente razonado en los irrebatibles votos particulares de los magistrados discrepantes.
Porque esta es otra: debido a la actual composición partidista del TC, de predominio sanchista, perjudicial para la buena marcha de los asuntos de Estado, es ya usual que las decisiones de tan importante órgano de justicia política (que no ordinaria, esa es la diferencia que se ha de tener en cuenta) se adopten por un previsible 7 a 5 y últimamente 6 a 4. Bochornoso.
Pero el escándalo también lo ha desatado el TC cuando, suplantando la competencia propia de la Jurisdicción ordinaria (Audiencia Provincial de Sevilla y Sala Segunda del Tribunal Supremo) sobre el caso de los ERE sospechosamente no ha tenido reparo alguno en reinterpretar el material probatorio ni la jurisprudencia penal ya asentada en el referido proceso penal ante los tribunales ordinarios de Justicia, algo que hasta hoy se consideraba vedado al «supremo intérprete de la Constitución», a quien, según el artículo 117.3 CE, no le corresponde juzgar, sino ser el guardián de la misma.
Lo anterior ha motivado que se denuncie ante el TJUE el anómalo y sospechoso proceder de nuestro TC por revisar ultra vires resoluciones de órganos judiciales ordinarios. Tal anormalidad se ha formalizado a través del mecanismo previsto en el Tratado de la Unión Europea consistente en interponer cuantas cuestiones prejudiciales las partes afectadas consideran convenientes y fundadas.
Es enorme el daño que el sanchismo está infiriendo al prestigio y funcionamiento de un sistema político tan sensible y delicado como es una democracia constitucional, liberal y representativa. No se entiende que un dirigente, si es demócrata, esté dando pasos que conducen inexorablemente a la degradación de nuestro sistema político, a debilitar el Estado a ojos de nuestros adversarios y enemigos (todo Estado los tiene), y a transmutar, sin título legitimador alguno, el marco constitucional vigente. Hay que encontrar la explicación, que no justificación, en la archi sabida necesidad de siete votos que el hoy inquilino de La Moncloa requiere para seguir habitando en la residencia oficial de la presidencia del Gobierno.
Desde los primeros días de su Gobierno inaugural, allá por junio de 2018, ha venido incumpliendo la Constitución (la moción de censura no fue constructiva, como requiere el texto de la CE, art. 113. Y tampoco consultó al Consejo de Ministros para convocar elecciones en 2023). Su obsesión ha sido, y es, intervenir todo órgano o poder del Estado que suponga rendición de cuentas o control, lo propio de un régimen democrático. Otro incumplimiento de la CE es no presentar el Gobierno el preceptivo Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el año correspondiente. Simplemente, se prorrogan los anteriores al no disponer del apoyo de sus extraordinarios socios y aliados políticos.
Empero uno de los mayores daños que el sanchismo está cometiendo contra la salud de nuestro sistema democrático, logrado tan duramente, es, sin duda, la pérdida de la confianza de los ciudadanos en sus instituciones y en los órganos de control del ejercicio del poder de una sociedad democrática. Y esto hay que tenerlo en cuenta y ponerlo en el debe de los Gobiernos de Pedro Sánchez.
Lo peor es vivir, políticamente hablando, con la sospecha de que la longa manu del Gobierno llega a colonizar órgano tan necesario, tan importante y tan fundamental en un Estado democrático y de derecho como es el intérprete supremo de la Constitución: el Tribunal Constitucional. Sin árbitro imparcial se destruye la vida política, se carece de justicia constitucional y el poder arbitrario cabalga libre y abusivamente, lo que no es propio de un sistema constitucional, democrático y de libertades.
Algún día pasará esta siniestra etapa en la que un político educado en democracia opta por destruirla.
José Torné-Dombidau y Jiménez es presidente del Foro para la Concordia Civil
