Tierra quemada
La situación de los fuegos que estamos padeciendo requería medidas urgentes del Gobierno y de su presidente, el único competente para declarar la situación como de interés para la seguridad nacional. Y si, que se quemen nuestros montes virulenta y simultáneamente, no es una situación así, que venga Dios y lo vea
Siguen aún ardiendo montes y bosques del Reino de España… Y muchos españoles se enfrentan a la destrucción y a la catástrofe del fuego voraz y de un humo denso, intenso, oscuro… Ha muerto gente por el fuego y hay quienes ya no podrán ocupar sus casas. Pero el presidente del Gobierno de España este agosto okupa la Mareta en Canarias, un bien del Patrimonio Nacional (antiguo patrimonio real), alojando a sus más allegados, en contra de la ley y, por tanto, de forma ilegal. Porque la ley que regula este tipo de bienes públicos de titularidad estatal dispone que se trata de bienes destinados o «afectados al uso y servicio del Rey y de los miembros de la Real Familia para el ejercicio de la alta representación que la Constitución y las leyes les atribuyen». La propia ley contempla para estos bienes otros usos de tipo cultural, científico y docente, siempre que sean compatibles con la afectación anterior. En ese marco, el Rey Don Juan Carlos I dispuso, al ceder la Mareta –que era suya a título particular–, que se destinase a fines de promoción turística, lo cual encajaba bien dentro de ese posible uso cultural que dispone dicha ley.
Por tanto, un veraneo ilegal, ya repetido por anteriores presidentes, pero con una diferencia importante, que sólo el actual se ha gastado un montón de dinero de todos los españoles en acondicionar su caprichito para el verano familiar. Y ello revela no sólo muy mal estilo, sino una notable mangancia más. Al parecer, se da la circunstancia de que ninguno de sus asesores y palmeros le avisan de lo que disponen las leyes, aunque da toda la impresión de que él es el primer interesado en no cumplirlas. Sobre todo, si han sido promovidas por otros presidentes anteriores de otras mayorías políticas, como si se tratase de normas que, aunque vigentes, no hubieran arraigado... Pero, ya se sabe, la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento y si es una ignorancia culpable, entonces, puede llegar a convertirse en un delito del cargo público que sea, sobre todo, si el incumplimiento de marras supone el incumplimiento de un deber legal (muy en particular, si consiste en omitir el socoro debido). Es sintomático que el reproche jurídico de lo que se hace desde la presidencia actual sea fundamentalmente delictivo y, quizás, de ahí su imagen más reciente, que recuerda tanto a una caricatura de alguien fuera de lugar…
Pero es una ilegalidad mucho más grave todavía que, ante los incendios que asolan nuestra patria este verano, el presidente del Gobierno se haya puesto de perfil, sin asumir sus funciones legales, igual que hizo no hace tanto tiempo con la dana de Valencia. Puede que algunos, tratando de parecer «abiertos», consideren esta afirmación una exageración, pero no lo es. En realidad, para entender la legislación no basta cualquiera y, por desgracia, cada vez menos. Es necesario atender al contexto normativo, sin perder de vista la Constitución. Y si partimos del mandato constitucional, es evidente que el Estado tiene competencia exclusiva en seguridad pública y que afrontar la catástrofe de los incendios, provocados o no, es tarea estatal de máxima seguridad.
No se trata de repetir, como hacen algunos –para congraciarse no se sabe con quién–, que el Estado sí que está presente a través de los delegados del Gobierno, porque eso no es suficiente. Se requiere un mando único, capaz de articular recursos y coordinar a todas las Administraciones, también competentes (de los distintos niveles territoriales), y ese mando es o debería haber sido el presidente del Gobierno, con arreglo a la ley de Seguridad Nacional que es prioritaria a la que regula el Sistema Nacional de Protección Civil, ambas del mismo año 2015. Porque la última expresamente dispone (en su Adicional segunda) que debe aplicarse sin perjuicio de lo dispuesto en la anterior, donde se prevé la necesidad de declarar la situación de interés para la seguridad nacional, cuando «por la gravedad de sus efectos y la dimensión, urgencia y transversalidad de las medidas para su resolución», se requiera una coordinación reforzada entre las administraciones concernidas, bajo la dirección del Gobierno (art.23.2).
En definitiva, la situación de los fuegos que estamos padeciendo requería medidas urgentes del Gobierno y de su presidente, el único competente para declarar la situación como de interés para la seguridad nacional. Y si, que se quemen nuestros bosques y montes virulenta y simultáneamente, no es una situación así, que venga Dios y lo vea. Pero esa declaración inexistente habría exigido abandonar su descanso pagado con el esfuerzo de los contribuyentes y ejercer el mando debido, ya que «quien coordina manda». Y es que para su resiliencia particular es imprescindible descansar y ponerse de perfil, no mandar, ni hacer nada para resolver algo en beneficio de los demás, que es muy cansado. Entonces, es mejor que se vaya de una vez y deje ejercer el mando a quien sí que sabe mandar. Por el bien de España, márchese ya y convoque elecciones generales.
Isabel María de los Mozos y Touya es profesora titular de Derecho Administrativo en la UVA
